El secretario general del PRD, Mitchell Doens, instó al Gobierno panameño a aclarar la situación que se vive en la frontera con territorio colombiano, porque hasta el momento no se han emitido anuncios sobre eventuales acciones conjuntas con tropas estadounidenses.
«El país tiene derecho a conocer que se está haciendo a lo largo de su territorio», manifestó Doens.
El dirigente recordó que hace unos meses intentó un aterrizaje en el aeropuerto de la localidad de Darién y se le informó que estaba restringido para uso civil.
Con respecto a las denuncias que realizó el PRD, el viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Garuz, dijo que el propósito de la existencia de estadounidenses responde a «la presencia de policías nacionales, arquitectos e ingenieros del Comando Sur de Estados Unidos» en ese territorio.
Según Washington, Panamá ya aceptó que EE.UU. intensifique la lucha contra el narcotráfico y controle la entrada ilegal de personas a Panamá. EE.UU. realizaría operaciones de inteligencia y patrullaje marítimo a lo largo de las costas panameñas.
Asimismo, informó que «el convenio se daría en el marco del Plan Mérida». Este plan ha sido aplicado en México, país que vive una fuerte crisis económica y social, con altos índices de criminalidad, principalmente por bandas del narcotráfico.
En varias oportunidades, movimientos sociales de Panamá han denunciado la presencia de soldados estadounidenses en el territorio, tras considerar de «inaceptable» para el pueblo panameño la injerencia estadounidense.
En noviembre de 2009, el profesor Andrés Rodríguez, Secretario General de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), recordó que la historia de la soberanía de los panameños «está marcada principalmente por el gobierno estadounidense».
Dijo que el país se ha ido «liberando poco a poco de las decisiones que toma el Gobierno estadounidense sobre el Gobierno panameño» y por ese motivo sostuvo que no se va a permitir «volver la historia hacia atrás».
La injerencia de Estados Unidos en América Latina siempre ha estado presente. El pasado año, Washingtón y Bogotá firmaron un acuerdo para instalar siete bases militares en territorio colombiano.
Este convenio militar ha generado malestar en las demás naciones latinoamericanas, que han considerado está acción producirá desestabilización en la soberanía de las naciones suramericanas y constituye una amenaza para la seguridad de la región.