Felipe Gutierrez P. (*)
Los análisis relacionados con los medios de comunicación privados y las campañas mediáticas contra gobiernos que levantan las banderas nacionales, populares y de la unión latinoamericana, tienden, aún en Argentina, a plantear que el grupo de poder denominado Clarín es casi el único y exclusivo enemigo del gobierno de Cristina Fernández y a relativizar u omitir la influencia, solapada o abierta, del gobierno de los Estados Unidos.
Es difícil creer que ante la embestida de este gobierno a través de sus agencias desestabilizadoras (CIA-USAID-NED –embajadas “corners”) contra los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador u Honduras, sea Argentina la excepción. Desde el “conflicto con el campo” y hasta el presente, la injerencia ha sido a la vista de un buen observador, más que evidente.
Tanto el aún repetitivo caso de “Antonini Wlison”, como el reciente pago de comisiones a empresarios argentinos, relacionando a los mandatarios argentino y venezolano tienen un evidente olor a operación de inteligencia desarrollado por los laboratorios de guerra mediática articulados con multimedios privados (y también públicos) de comunicación, entre ellos el grupo Clarín.
Las campañas lanzadas para instalar una matriz de opinión de inseguridad, corrupción y debacle económica es la “marca del imperio” tanto en argentina como en los países mencionados donde la saturación informativa desata la guerra de percepción destinada a socavar la credibilidad y a desgastar la imagen de los mandatarios y sus gobiernos.
Aún los llamados intelectuales orgánicos o los dirigentes políticos y gremiales se cuidan de mencionar el “factor imperio” como uno de los principales responsables de las operaciones de prensa o campañas sucias que arrecian contra el gobierno de Cristina Fernández.
El gobierno, en especial Néstor Kirchner, prefiere apuntar al grupo multimedios como el blanco preferido de su pirotecnia verbal, sin mencionar a estos poderes foráneos que actúan en las sombras y que son los reales factores desestabilizadores en toda Latinoamérica.
Tal vez, cuando se devele la red de encubrimiento sobre el caso “Ernestina Noble”, se llegue no solo a encontrar la verdadera identidad de los niños apropiados, sino a visibilizar por primera vez la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos en el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y se procese también a los responsables extranjeros que participaron decididamente en la desaparición, apropiación, tortura y muerte de más de 30.000 seres humanos en territorio argentino.
(*) Lic. en Comunicación