Un fiscal federal pide el archivo de la causa
Ana Delicado
Familiares de víctimas del franquismo, ayer, a las puertas de los tribunales de Buenos Aires.
Los dos familiares de víctimas del franquismo que el 14 de abril presentaron en Argentina una querella para que se investiguen allí los crímenes de la dictadura española ya no están solos frente a la Justicia. Ayer la ampliaron con los nombres de 4.500 gallegos asesinados durante la Guerra Civil y la posguerra.
El abogado español que presentó la ampliación del escrito en los tribunales de Buenos Aires, Gustavo García, reiteró que tiene un propósito claro: «Meterle en la cabeza a la gente que en España, como en Galicia, hubo un genocidio».
Pero el curso de su querella tampoco será fácil en Argentina. Un fiscal federal de este país, Federico Delgado, pidió ayer que se desestime el escrito presentado por los familiares de las víctimas. Y es que si bien reconoció que «los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad», Delgado adujo que «esa inconmovible fuerza moral que contiene aquel reclamo de Justicia tiene grietas jurídicas muy profundas».
En el dictamen enviado a la jueza encargada del caso, María Servini de Cubría, el fiscal añadió que «cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad».
«De ser el país más avanzado, España se convirtió en un horror», comentó el abogado de la causa en referencia a la Guerra Civil. «No se trata de izquierdas o derechas, sino de víctimas y de criminales de una envergadura muy grande. Por eso hay que depurar responsabilidades», agregó.
Experiencia de la jueza
Gustavo García mostró su satisfacción por el hecho de que la querella presentada en Argentina haya recaído en la magistrada Servini de Cubría. «Tenemos una suerte mara-villosa», comentó risueño. «Ella fue quien siguió los juicios por los niños apropiados durante la dictadura argentina antes de que se anularan las leyes de impunidad. Fue, además, quien encarceló y procesó a muchos responsables del genocidio argentino», señaló.
«Nuestro país [por España] es diferente de lo que hubiera podido ser sin el exterminio», sentenció García. «En Vigo, a los pocos días del golpe de Estado», relataba, «los franquistas decidieron fusilar en el cementerio municipal de la ciudad al alcalde, a diputados del PSOE, y a Heraclio Botana, que había sido diputado y era un gran intelectual. Antes de que dispararan, Botana les dijo: Llegará el día en que se sepa el crimen que cometéis contra nosotros’. Han pasado 75 años, y aún no se sabe. Por eso estamos aquí», precisó.
El número de gallegos que murió durante más de 40 años supera la cifra de los 25.000. Por eso, en la documentación que se presentó ayer, los querellantes exigieron que se investigue lo acaecido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.
Entre las más de 4.500 víctimas a las que se hace referencia en el escrito registrado también están incluidas una veintena de argentinos. Aunque las víctimas que ahora figuran en la querella no dejan de ser una pequeña muestra del universo de damnificados que dejó tras de sí la dictadura, la posibilidad de que en Argentina se juzgue lo que en España le ha sido impedido a Baltasar Garzón es ya un motivo de alegría para los participantes en la querella.
«Esto es una consecuencia de no haber roto con el franquismo cuando se dio la Transición», indicó frente al tribunal Francisco Lores, presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas. Junto a él acudieron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, integrantes de las Abuelas de la Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos Desa-parecidos, entre otras organizaciones.