TeleSUR

Este martes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), falló a favor de Argentina sobre la disputa que mantiene con Uruguay desde el 2006 por el establecimiento de la planta de pasta de celulosa, Botnia, que generó un conflicto limítrofe entre ambas naciones; sin embargo, el órgano consideró que no se aportaron «pruebas concluyentes» que permitan establecer que la papelera esté «afectando la calidad de las aguas» de un río fronterizo.

El órgano adjunto a la Organización de Naciones Unidas (ONU), sentenció que Uruguay ha violado las obligaciones de carácter procedimental, pero no las medioambientales, de un acuerdo bilateral con Argentina de 1975, en la construcción y funcionamiento de una papelera en su orilla del río Uruguay, y no fija compensaciones.

Más temprano, el corresponsal de teleSUR en Argentina, Edgardo Esteban, señaló que todos los medios están siguiendo de cerca esta situación que concluirá con una resolución final que deberá ser aceptada sin dilaciones por ambas partes.

Se prevé que las conclusiones lectura finales se leerán en francés e inglés, dure entre una hora y media y tres horas, según han informado fuentes de la Corte.

El magistrado Peter Tomka expresó que la situación «puede afectar el ecosistema, la flora, fauna y suelo» y añadió que «las obligaciones de adopción de medidas necesarias para el cumplimiento y observancia tiene rol fundamental, por eso es de importancia crucial que las partes acepten las disposiciones».

Tomka reiteró que Uruguay informó indebidamente al CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) sobre el caso de la pastera Botnia.

«Los asambleístas que están presentes en la ruta, están siguiendo cada paso y punto indicado por La Haya que se prepara para dictaminar si hay contaminación ambiental, sonora, malos olores», indicó Esteban.

Recordó que el tratado firmado por ambos países en 1975 establece que hay que notificar sobre cualquier situación que afecten a los países vecinos y deben ser consultados con anterioridad.

«Se espera que las partes se reúnan más adelante en una asamblea para determinar la continuidad de los cortes de ruta» en la región.

Se conoció que el dictamen que tome el Alto Tribunal sobre este caso, es inapelable, es decir, las partes no pueden reclamar ni apelar sino aceptar la disposición final.

Desde Argentina, Esteban explicó que se intenta retomar el diálogo para marcar el camino de las negociaciones, actitud que han mantenido los asambleístas instalados en las rutas limítrofes.

La representación de Argentina en Holanda está conformada por la embajadora Susana Ruiz Cerutti y el secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, así como el embajador argentino en Holanda, Santos Goñi Marenco.

En tanto, la delegación de Uruguay, está integrada por el asesor y ex canciller Pedro Vaz; el director de asuntos políticos de la Cancillería, Elbio Rosselli, y el embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, así como varios embajadores y legisladores.

En ambos límites, Gualeguaychú (Argentina) y Fray Bentos (Uruguay), se espera con gran expectativa el fallo de la Corte que será aceptado por ambas partes.

El presidente José Mujica se encuentra reunido con todo su Gabinete en la Casa de Gobierno siguiendo todas las incidencias del fallo tribunal de la Haya que en pocos momentos dará a conocer su veredicto.

En Punta del Este se encuentra el canciller, Reinaldo Gargano, quien será el encargado de dar la primera reacción oficial, se estima que este pronunciamiento se hará en unas tres horas. Es enorme las expectativas tanto del Gobierno como de la población

Argentina y Uruguay mantienen un conflicto debido a la instalación de una planta de producción de pasta de celulosa perteneciente a la empresa finlandesa, ubicada en territorio uruguayo y sobre las aguas binacionales del Río de Uruguay, cerca de las poblaciones uruguaya de Fray Bentos y argentina de Gualeguaychú.

Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Interamericana de Justicia argumentando que la instalación de las plantas de celulosa es contaminante y se ha realizado en violación del Estatuto del Río Uruguay.

Por su parte, Uruguay ha demandado a Argentina ante el sistema de solución de controversias del Mercosur y la Corte Internacional de Justicia, argumentando en el primer caso que los cortes de ruta constituyen una violación al principio de libre circulación, y en el segundo caso, que los mismos son tolerados y utilizados por el gobierno argentino para presionar al gobierno uruguayo en las negociaciones referidas a la instalación de las plantas de celulosa.