«La visita del Secretario de Defensa de Estados Unidos a Colombia representa la confirmación de la alianza entre los dos países, es la confirmación de que el Gobierno del presidente Obama respalda totalmente a Colombia, además es importante la agenda que tenemos», señaló el ministro de Defensa, Gabriel Silva.
Colombia ha sido el país que más ha invertido en temas militares en la región en los últimos años con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB), lo hace en un 4 por ciento, frente al 1,3 por ciento de Venezuela.
El gobierno colombiano invirtió en 2008 unos cinco mil 500 millones de dólares en compras militares, un 13,5 por ciento más que en 2007. Esto lo convierte en el segundo país en Suramérica que en la última década ha destinado más recursos al gasto militar.
Además de eso y pese al rechazo de los países de la región, Estados Unidos y Colombia firmaron el convenio que autoriza la presencia en el país de al menos 800 militares estadounidenses y 600 civiles.
La base aérea de Palanquero (200 km al noroeste de Bogotá) será el eje del total de siete instalaciones en las que los militares estadounidenses ejecutarán sus operaciones.
Continuando con la inversión en materia militar en Colombia, Washington anunció que invertirá 46 millones de dólares en Palanquero para mejorar su infraestructura, concretamente en aspectos como la adecuación de su pista.
Fuentes cercanas al ministerio de Defensa, aseguraron que el acuerdo se viene ejecutando en la práctica, con incremento en las operaciones estadounidenses para supuestamente combatir el narcotráfico.
«Hemos tenido, además, algunas reuniones con responsables militares de Washington, examinando los programas de asistencia y cooperación para poner en marcha proyectos concretos en materia de defensa y seguridad que beneficiarán a nuestro país», agregó.
La fuente advirtió que «un gran porcentaje de las operaciones que se realizan en desarrollo del convenio son de carácter reservado porque de lo contrario no se lograrían los fines para los que fue suscrito».
El embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, afirmó que el acuerdo suscrito entre ambas naciones contempla misiones y plataformas de recolección de información de inteligencia, bien sea para «escuchar» o «mirar» electrónicamente, y operaciones marítimas, normalmente conjunta en aguas internacionales.
Brownfield indicó en su momento que con el convenio seguramente «habrá quizás operaciones más sofisticadas que las que del pasado».
El representante del Centro para la política internacional de Washington (Center for international policy), Adam Isacson, sostuvo que aún se están definiendo los desarrollos operativos del tratado.
Agregó que ello «también dependerá, en parte, de las mejoras que se realicen en la base de Palanquero».
Entre las razones que ha presentado Venezuela para oponerse a la instalación de tropas y equipos militares estadounidenses en bases colombianas, es la violación del espacio aéreo de su nación y las tareas de espionaje que podrían realizarse y que colocarían al país en un estado de vulnerabilidad.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha enfatizado que Estados Unidos (EE.UU.) será el que tome el mando de las acciones militares en Colombia, y que ni el mismo Uribe podría controlarlas, incluso aquellas que se ejecuten con el mismo Ejército colombiano.
«Se está formando un cuadro severo de amenazas contra Venezuela desde Colombia con la participación del alto gobierno y de los militares», denunció Chávez.
Por su parte, el presidente boliviano, Evo Morales, afirmó que EE.UU. quiere usar bases militares en Colombia contra los «procesos revolucionarios que se gestan en América» y no para combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o al narcotráfico, como se ha pretendido hacer entender.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó como un peligro y una preocupación para la región la presencia de militares estadounidenses en las bases de Colombia por lo que sugirió tratar este tema en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Suramericana (Unasur) que se realizó en Quito, Ecuador.
Al respecto, el primer mandatario de Ecuador indicó que su país es uno de los que más sufre las consecuencias de un problema que no es de ellos, compartir frontera con una nación «que se desangra en una guerra civil de hace 50 años, siete años de fumigaciones, bombardeos y 300 mil desplazados».