Diario La Primera
Lejos de buscar el diálogo, la respuesta del gobierno, a través de la Policía Nacional, fue la represión. Al menos dos resultaron heridos de bala, uno de ellos menor de edad, y 22 detenidos dejaron los enfrentamientos en el segundo día de un paro indefinido en la provincia de Islay, lo que podría agravar el conflicto. En Moquegua y Tacna se han producido manifestaciones de apoyo a los arequipeños.
La jornada pacífica que se vivió en el inicio de la medida de fuerza, el miércoles, con movilizaciones sin incidentes en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y El Fiscal, aunque con bloqueo en algunas vías con “cordones humanos”, tuvo un panorama distinto el jueves, debido a que la Policía reprimió una marcha de pobladores.
Haciendo uso de armas de guerra, decenas de policías arremetieron contra campesinos, trabajadores y pobladores que rechazan el proyecto minero Tía María, impulsada por la empresa Southern, con el aval del gobierno de Alan García, por temor a la contaminación ambiental y que afecte el importante recurso hídrico.
Resultaron heridos Pedro Taipe Huarca (19), herido en el abdomen, y Rolando Tito Aclota (17), herido en la pierna derecha. Los 22 detenidos durante la batalla campal producida cerca a túnel, en El Fiscal, fueron llevados una parte a la Comisaría de San José y otros a la de Cocachacra. El director general de la PNP, general Miguel Hidalgo llegó a la zona para evaluar la situación. También viajaron los congresistas Yonhy Lescano, Pedro Santos y Luis Negreiros.
Los incidentes se produjeron como represión policial a los airados reclamos de los miles de manifestantes, que han tomado el puente Santa Rosa y algunos tramos de la carretera Panamericana Sur, impidiendo la salida de Arequipa hacia Moquegua y Tacna. Muchos vehículos de pasajeros y de carga se encuentran varados. Piquetes de huelguistas han pernoctado en las pistas e instalado ollas comunes.
Se han mostrado indignados y burlados ante la ausencia de la exigida comisión de alto nivel, que debería presidir el premier Javier Velásquez para buscar una solución al problema. Sin embargo, Velásquez advirtió ayer que el gobierno “no permitirá el desorden” y acusó a sectores políticos opositores de promover la protesta en Islay, sin tomar en cuenta que en muchas partes del país existe un creciente rechazo a la actividad minera por generar daños ecológicos y ambientales.