Humala señaló que el pedido se hará ante la «política de criminalización de la protesta» que hay en su país y que, según dijo, ha causado más de 70 muertos y 600 heridos en los cuatro años de gestión de García.
Humala explicó que esto «se puede mostrar en un hecho muy grave, que es una política de criminalización de la protesta, que en lo que va de sus cuatros años de Gobierno ya va acumulando una cantidad importantísima de muertos».
«Son más de 70 muertos, más de 600 heridos, un desaparecido, un asilado, más de 1.300 ciudadanos peruanos, la mayoría líderes sociales, que están judicializados por el delito de ‘protestar contra el Gobierno'», dijo.
En los choques también se registraron veinte civiles heridos (15 de bala) y 8 policías contusos, informó la Defensoría del Pueblo.
La protesta se hace contra un decreto que busca formalizar la minería en la región selvática de Madre de Dios, con una gran biodiversidad y principal foco de explotación de oro artesanal.
García reiteró este martes que su Gobierno no negociará con los mineros artesanales hasta que estos depongan las protestas y el bloqueo de carreteras.
El mandatario advirtió de que la obligación de su Gobierno es «cumplir y hacer cumplir las leyes» y remarcó que «nadie puede bloquear carreteras sin exponerse a una denuncia y a una sanción penal».
Sin embargo, Humala dijo que hoy evaluará los términos del pedido de vacancia presidencial junto a la portavoz de su partido y que su bancada también solicitará la interpelación al primer ministro, Javier Velásquez.
Al respecto, indicó que «tiene que haber una responsabilidad política, no solamente operativa, que corresponde a los mandos policiales».
«¿Por qué el primer ministro? Porque justamente él es el gran coordinador de todo este operativo y es el que finalmente ha salido con una posición más radical que los que están en la carretera, una posición intransigente de decir que no va a dialogar», aseguró.
Según Humala, en la actual Administración existe una política «de no darle importancia a la vida frente a la aplicación de determinadas políticas que obedecen a intereses de grupos económicos».
«El Gobierno por defender este modelo, este capitalismo de amigotes, por defender a diversos ‘lobbies’ económicos que están tras la captura de infraestructura pública, de recursos naturales, no tiene ningún empacho en poner en riesgo la vida de los ciudadanos, que al final son quienes lo han elegido», concluyó.