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La Suprema Corte de Justicia de Argentina declaró inconstitucionales los indultos dictados en 1990 en favor del ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, y del ex dictador Jorge Rafael Videla, en una causa por «secuestro extorsivo» del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel.

En un fallo considerado muy importante porque abre la posibilidad de juzgar a civiles comprometidos con la dictadura (1976-1983), la Corte rechazó un recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Videla y ratificó la inconstitucionalidad que ya había dictado anteriormente respecto a su indulto.

La segunda sala de la cámara de apelaciones en lo criminal y correccional federal había confirmado un fallo de primera instancia que declaraba la inconstitucionalidad del decreto de indulto que beneficiaba al ex ministro de Economía.

El 14 de julio de 2008 la cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal confirmó la prisión preventiva dictada contra Jorge Rafael Videla y Albano Eduardo Harguindguy, por el delito “de secuestro extorsivo reiterado en las detenciones y puesta a disposición del Poder Ejecutivo del empresario Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto con el fin de extorsionarlos en el caso de un negocio que se intentaba hacer con otros países.

La investigación sobre Videla se extendió a Martínez de Hoz.

 

La causa se había dado por terminada cuando el ex presidente Carlos Menem no sólo indultó a Videla y Harguindeguy sino también a Martínez de Hoz.

El 20 de junio 2006 la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de indulto.

Lo mismo hizo el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia nacional, Eduardo Luis Duhalde.

El juez de la causa declaró finalmente la inconstitucionalidad del decreto y la nulidad de los actos que fueron su consecuencia directa. Pero luego hubo diversos pasos de confirmación del fallo y los recursos interpuestos por Videla, para finalmente hasta la Suprema Corte, donde se tomó esta decisión fundamental.