6 abril 2010 – El presidente de Perú, Alan García, recibe este martes duras críticas por la represión del bloqueo de una carretera, con un saldo de seis muertos, operación que no logró el objetivo de despejar la vía, destaca PL en su sitio web.
Los señalamientos se multiplican luego que el presidente fustigó ayer a la minería informal del oro por ser contaminadora y explotadora, sin lamentar las muertes registradas el domingo último durante una protesta de mineros contra un decreto que obliga a legalizarse a esa actividad.
El mandatario no hizo ninguna referencia a los cuatro mineros; espectador, víctima de balas policiales y una anciana muerta de un infarto, y limitó su intervención a señalar las graves consecuencias de la minería aurífera ilegal depredadora.
Agregó que el mandatario mantiene siempre esa actitud indiferente ante las pérdidas de vidas que desde que inició su segundo gobierno, en 2006, suman 70 en operaciones represivas, según el líder nacionalista Ollanta Humala, quien lo responsabilizó de las recientes muertes.
El presidente de la Federación de Mineros Artesanales (informales), Teódulo Medina, acusó al mandatario de pretender justificar las muertes.
El dirigente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) emplazó al jefe de Estado a responder por las pérdidas de vidas y consideró lamentable que las balas y la represión sean su única respuesta ante los conflictos sociales.
La jurista Emma Gómez acotó que, si bien bloquear carreteras es un delito en Perú, habría que analizar que tan proporcional es disparar al cuerpo a los bloqueadores, en virtud de normas que, señaló, criminalizan la protesta social.
El parlamentario centrista Yonhy Lecano sostuvo que el mandatario actúa con irresponsabilidad y la Coordinadora de Derechos Humanos condenó las muertes y demandó una investigación que establezca responsabilidades penales.
Tras llamar a los mineros que mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur por tercer día a abstenerse de acciones que perjudiquen a terceros, la coordinadora condenó la política oficial de enfrentar las protestas con balas y asumir como un costo aceptable la probabilidad de matar.
Señaló sin embargo que la minería ilegal del oro, focalizada en la región sur oriental de Madre de Dios conlleva violaciones legales, ambientales y sociales y que detrás de esa actividad hay grupos de poder económico.
El gobierno afirma que el decreto de legalización sólo rige para esa región pero los mineros artesanales temen que signifique la proscripción de sus actividades en otras zonas.