El financiamiento del plan de reconstrucción que deberá diseñar el gobierno de Sebastián Piñera ya comienza a instalarse en el debate público. No sólo se expresa en el Parlamento sino al interior del propio gobierno y sus partidos aliados. El financiamiento de un plan -que por lo bajo costará al Fisco unos diez mil millones de dólares, y al país unos treinta mil millones- ya ha alineado a las tradicionales y poderosas fuerzas oficiantes del libre mercado, que observan las consecuencias de la catástrofe como una nueva oportunidad para entregarle las soluciones al mercado.
Paul Walder-Punto Final
Otras voces, procedentes de la Concertación, han levantado más por oportunismo que por verdadera convicción propuestas propias de un Estado de bienestar keynesiano, aquel que se hace cargo activa y directamente de las decisiones económicas y del curso que ha de seguir la economía.
Una tercera voz parece radicadar un poco aislada en el ministro de Hacienda, el economista de Harvard Felipe Larraín. A través de numerosas declaraciones mantiene una posición levemente alejada de la ortodoxia neoliberal. A pocos días de asumir su cargo, y tras una reunión con los representantes de los principales grupos económicos del país, los Matte, Luksic, Said, y algunos otros, Larraín dijo que la reconstrucción podría -y enfatizó esta idea-, financiarse en parte con un alza tributaria. A las pocas horas precisó más sus palabras, para descartar que el aumento tributario tocara a las personas o a las pymes. La mayor carga impositiva, esbozó, podría aportarla la venturosa e intocable gran minería.
Con los días se ha añadido un nuevo y más amplio argumento para este debate. Lo puso en la agenda el ex presidente Lagos, a través de un documento público que concitó a las pocas horas numerosas entrevistas de prensa. En ellas precisó y ahondó su planteamiento. Si bien es necesario, dijo, hacer todos los esfuerzos por reconstruir el país, es también importante darle un sentido a este proyecto. En suma, Lagos se preguntaba qué tipo de país se desea reconstruir, y citó planes históricos tras grandes terremotos, como la Corfo, en 1939, o el DFL-2 para las viviendas, tras la catástrofe de 1960, iniciativas con enormes proyecciones en el desarrollo futuro del país. Lo que Lagos ha puesto en el debate es la aprensión frente a las fórmulas que pondrá en marcha el gobierno de Piñera para reconstruir el país, las que recaerían en gran parte en el sector privado. El Chile que surgiría sería un país doblemente dependiente de las fuerzas del libre mercado.
Propaganda neoliberal
En un país cuya prensa escrita está controlada por los grandes capitales y aquellos sectores afines al fundamentalismo del mercado, la propuesta del ministro Larraín ha sido interpretada y difundida como un sacrilegio. Los propios aliados del gobierno -la gran empresa y representantes de la UDI-, han levantado una campaña pública para hacer desistir a Hacienda de sus intenciones de impulsar un alza directa de impuestos o un royalty a la minería y a las grandes corporaciones. Argumentos como un freno al crecimiento económico derivado de la mayor carga tributaria, una huída de la inversión extranjera, falta a los compromisos ya contraídos con las empresas e, incluso, un daño a la imagen del país, han sido levantados como una campaña del terror en un país aún en estado de shock.
El gobierno de Piñera cifró los daños del terremoto y el maremoto en 29.662 millones de dólares. En la presentación que los ministerios de Hacienda e Interior hicieron ante el Senado, se segmentó esta cifra entre daños que corresponden al sector público -infraestructura vial, de riego, pesquera, salud y educación, principalmente, que ascienden a unos diez mil millones de dólares-, y los privados, que es el resto del total calculado. Un dato adicional es el impacto en la economía, que como efecto de la menor producción derivada de los daños dejará de producir 7.600 millones de dólares.
Esta suma, sin embargo, ha sido puesta en duda por el sector privado y sus representantes políticos, que buscan disminuir en lo posible la intervención del Estado en la economía. En una entrevista concedida a El Mercurio por el senador UDI Jovino Novoa, queda expresada con claridad la postura de este partido, que ha sido también reforzada por la senadora Evelyn Matthei. Novoa estima que las pérdidas a cargo del Fisco, que suman además de la infraestructura las medidas de emergencia, viviendas y subsidios de cesantía, se elevarán a unos doce mil millones de dólares; sin embargo, sugiere que parte de este monto “lo puede financiar el sector privado por la vía de la concesión de carreteras, construcción de hospitales, cárceles, escuelas, etc.”. La catástrofe, para este conspicuo representante de la UDI, puede convertirse en una gran oportunidad de negocios para el sector privado, fórmula que, por cierto, gusta bastante en Hacienda.
Novoa es claro en expresar la más clásica visión neoliberal: “El alza de impuestos producirá mucho más problemas que los que originará usar los ahorros de doce mil millones, o endeudarse. Tenemos los recursos, y un excelente equipo económico que tiene que resolver cómo hacer el gasto afectando lo menos posible a la economía”. Y si no quiere gastarlos, dice, “que se endeude, entonces. Tiene capacidad por 20 ó 30 mil millones de dólares. También puede vender activos. Si frente a un terremoto no podemos hablar de venderle un 20 por ciento de Codelco a las AFP, significa que no podemos hablar de nada”.
El rechazo a un alza tributaria para financiar la reconstrucción es simplemente un problema de intereses políticos ligados con las grandes mineras. En rigor, aumentarles los impuestos a las mineras -que ganarán este año, con un precio estimado del cobre de 3,4 dólares, unos ¡25 mil millones de dólares! según cálculos del economista Manuel Riesco- no sólo es puro pragmatismo económico, como el que plantea cada vez con menos convicción Felipe Larraín, sino una manera de cambiar un poco la tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza. Una catástrofe de esta magnitud, que nos ha revelado las verdaderas condiciones de nuestros habitantes, sería una buena forma de hacer verdadera política. Pero el horno parece no estar, ni en esta emergencia, para bollos.
Chile venderá este año unos 42.000 millones de dólares en cobre. De ellos, unos 30 mil corresponderán, según Riesco, a la minería privada. Un monto que es prácticamente igual a sus ganancias. Porque, según explica, sus costos son cero. “El costo de extraer, procesar y transportar cobre en Chile es… cero pesos. Lo que ocurre es que además del cobre, el proceso arroja, sin costo adicional, subproductos muy valiosos, como oro, plata y molibdeno, entre otros”.
Hace un par de semanas el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, que dirige Julián Alcayaga, dejó una carta en La Moneda dirigida a Piñera. En ella plantea dos fórmulas para financiar la reconstrucción: una, un impuesto del diez por ciento a las ventas mineras por un período de cinco años y un alza permanente del Impuesto Adicional a la Renta de 35 a 40 por ciento. Este incremento, a diferencia de los argumentos de la UDI en cuanto a un cambio de los compromisos adquiridos con estas empresas, no estaría afecto a la invariabilidad tributaria que beneficia a estas corporaciones.
Nueva temporada de privatizaciones
Las citadas declaraciones de Novoa reflejan con claridad lo que la escritora canadiense Naomi Klein ha denominado la “doctrina del shock”: aquellas políticas neoliberales que incorporan privatizaciones y transferencia de las actividades tradicionalmente públicas al sector privado tras una catástrofe, que puede ser política, social o natural. Lo que Novoa expone y propone, como la concesión de más carreteras, la construcción -y por qué no la administración- de hospitales y escuelas por los privados o la privatización del 20 por ciento de Codelco, se enmarca en la tesis de Klein.
Es posible que Larraín haya dejado deslizar la posibilidad de un alza de impuestos o un royalty por una necesidad macroeconómica. Numerosos economistas han alertado que la transferencia de los doce mil millones de dólares ahorrados en el exterior generarían un fuerte impacto en el tipo de cambio, afectando la paridad con el dólar y la competitividad de los exportadores. Contar con pesos generados por la economía nacional, y no dólares, no tiene este impacto en la economía.
Con el curso de los días surgen señales que han comenzado a restar peso a la propuesta tributaria de Larraín. Un informe que el gobierno encargó al Ministerio de Minería evaluó negativamente el royalty a la gran minería transnacional. Argumentando los contratos de invariabilidad tributaria suscritos entre el Estado y las mineras -contraídos durante los gobiernos de la Concertación, cabe recordar- el informe concluye que “lo que se podría recaudar por este concepto sería ínfimo, comparado con el daño a la imagen país”.
A esta información se le ha sumado otra mucho más contundente y reveladora sobre el curso que podría tomar el financiamiento de la reconstrucción. Nada más simple y más coherente con la ortodoxia neoliberal que privatizar lo que aún le queda al Estado en las empresas sanitarias. El Estado chileno podría obtener casi 2.200 millones de dólares con la venta de su participación en Esval, Aguas Andinas y Essbío. Y como su privatización inicial fue realizada durante el gobierno de Eduardo Frei, la Concertación no tiene muchos argumentos para rechazar esta iniciativa. Aun cuando Larraín ha dicho que no tocaría ni Codelco, BancoEstado, Correos y algunas otras empresas públicas, las que pueden generar mucho ruido en la oposición, ante las sanitarias gobierno y oposición son dos caras de la misma moneda.
En esta misma dirección corren las franquicias tributarias a las empresas que ayudan con recursos a los damnificados. La ley de donaciones, que Hacienda quiere “mejorar” y “estimular” es, finalmente, un subsidio que recibe la gran empresa. Porque las donaciones no son en este caso una acción de beneficencia o solidaridad, sino que se convierten en un buen negocio. Las donaciones finalmente significan importantes recortes tributarios. La propuesta estaría inspirada en la forma de hacer negocios del propio presidente de la República: el sector privado, para crecer, debe usar todos los medios disponibles para pagar los menos impuestos posibles.
Capitalismo para los amigos
Donaciones, nuevas concesiones al sector privado. Si la reconstrucción toma esta muy probable vía, muchas de las aprensiones de las organizaciones ciudadanas y de la prensa independiente en relación a los vínculos del presidente con empresas inmobiliarias, podrían convertirse en una realidad. La catástrofe y la posterior reconstrucción del país pasarían a ser un gran negocio para las inmobiliarias cercanas al gobierno. O, algunas de ellas, al interior del gobierno. Un reportaje de Ciperchile elaborado por Francisca Skoknic y Juan Pablo Figueroa reveló estos vínculos, que conforman una larga lista “que encabeza el recién nombrado intendente metropolitano Fernando Echeverría. También aparecen vinculados de distintas formas a las constructoras e inmobiliarias involucradas, el intendente del Maule, Rodrigo Galilea; el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; y sus amigos Carlos Alberto Délano, Andrés Navarro, Ricardo Bachelet y José Cox”.
Pero en la lista aparece el propio Piñera, que ha tenido negocios ligados a este sector. Y aun cuando se haya desprendido de ellos, las relaciones, los vínculos, la amistad con sus antiguos socios, permanece. Es lo que algún día el economista Joseph Stiglitz denominó “capitalismo de los compadres”. Así como George W. Bush favoreció durante su gobierno a sus antiguos socios petroleros y a la poderosa banca, con los fatales resultados para la economía estadounidense y para el mundo, ¿por qué no en Chile el presidente, que es un líder de la Bolsa y de todo tipo de inversiones, no favorecería también a sus entrañables amigos? La doctrina del shock parece avanzar a plena marcha.