Conforme a la Constitución, en Bolivia se reconocen cuatro niveles de autonomía: la municipal que rige desde hace mucho tiempo y cuyas atribuciones son conocidas y respetadas; los municipios tienen circunscripción territorial y son 323 en todo el país. La autonomía departamental comenzará a ejercerse a partir de esta elección, conociendo que Bolivia se divide en 9 departamentos de extensión territorial y concentración demográfica tremendamente dispares; estos, a su vez, se dividen en provincias. La Constitución establece también la autonomía regional conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales; se constituirá en un espacio de planificación y gestión, siempre que tales municipios o provincias decidan constituirla, mediante referendo. Por último, o talvez en primer lugar, está la autonomía indígena originaria campesina que se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por estos pueblos y naciones, cuya población haya expresado su voluntad de asumir esa condición, de acuerdo a las normas que establecen la ley y la propia Constitución.
Pues bien. Lo que abordamos en esta nota, es el tema de las autonomías departamentales. Tema altamente sensible, pues en él se centraron las duras confrontaciones ocurridas durante los años anteriores, sobre todo en 2008. Ocurrió que, realizado el referendo autonómico, en julio de 2006, los departamentos Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando se pronunciaron por incorporarse a tal sistema y los otros 5 departamentos dijeron No. La consulta establecía que, la implementación de las autonomías debía esperar la normativa que señalara la Constitución Política del Estado. El referendo se realizó junto a la elección de la Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Carta Magna. Esta Asamblea se constituyó en el escenario de disputa de una oposición atomizada en la elección pero reacomodada, enfrentando al gobierno y a la mayoría absoluta que éste tenía en la Asamblea Constituyente. La violencia opositora estuvo a un tris de hacer fracasar el mandato de la Asamblea. El gobierno implementó una estrategia de movilización popular y diálogo con la oposición reacomodada, hasta lograr que, en el Congreso Nacional, se acordara ajustes al texto constitucional y, de ese modo, se realizara el referendo que dio vigencia a la CPE, en febrero de 2009.
La prolongación de ese proceso se debió, principalmente, a una forma equívoca de intentar la puesta en marcha de las autonomías. De modo irregular los prefectos opositores convocaron a referendos departamentales, que aprobaron los estatutos redactados por los entornos de aquellos. Carentes de una normativa nacional, no pudieron implementarlos. Pero tales referendos fueron algo así como un aval que les sirvió para desatar una violencia que culminó con la matanza de campesinos en Porvenir, departamento de Pando, el 11 de septiembre de 2008.
Con tales antecedentes, ahora se implementará la autonomía en los 9 departamentos, pues una nueva consulta realizada en diciembre pasado, puso a todos en la misma situación. La autonomía implica, conforme a la Constitución, la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las competencias y atribuciones que tiene cada autonomía. De acuerdo a la Constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionará la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Esta ley debe estar lista en 180 días a partir del 22 de enero pasado; es decir, el 21 de junio próximo a más tardar será sancionada esa ley y a ella se adecuarán los estatutos de cada departamento. Estos estatutos deben ser aprobados por la Asamblea Departamental y, según establezca la ley marco, ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Seguramente, el tema más delicado es el económico. En la situación actual, las prefecturas reciben un porcentaje determinado de impuestos y regalías provenientes de la explotación de hidrocarburos. Tienen ingresos propios, pero son menores. Esto aumenta las desigualdades entre departamentos. Un ejemplo son Tarija y Pando que aproximadamente tienen la misma extensión con una diferencia demográfica sustancial, aunque entre ambas no son cifras significativas en el censo nacional. Sin embargo, los ingresos que tiene Tarija son incomparablemente mayores que los de Pando y de varios otros departamentos. La cuestión es cómo se encararán estas diferencias.
En el actual estado de cosas, mientras unas regiones progresen significativamente, otras quedarán irremisiblemente atrasadas. Los ingresos por hidrocarburos, se han convertido en parte de la lucha política y será muy difícil que, un gobierno departamental, se avenga a recortar sus ingresos para contribuir al desarrollo de otro departamento. Por otra parte, el Tesoro General de la Nación está limitado por la inversión en proyectos de gran envergadura, que puedan sacar a Bolivia de la condición atrasada en que se halla.
Debe encontrarse una solución concertada que obligue a todos a contribuir a una especie de fondo que aporte allí donde haga falta hacerlo. Sería mala solución acordar, por ejemplo, una distribución por índices de pobreza y escasa población; ese esquema sólo mantiene la situación de atraso sin posibilidades de mejoramiento. Será necesario, seguramente, el diseño de proyectos de desarrollo en los cuales invertir esos fondos que no deben ser para sobrevivencia, sino para planes productivos con los que se pueda alcanzar la meta de vivir bien.