Los 500 centros clandestinos
Miradas al Sur / Agencia Matriz del Sur

Mapa actualizado con los lugares ilegales de detención que funcionaron durante la dictadura (Imagen: SUR)
La experiencia de los campos de concentración en la Argentina, “en particular la rutina de asesinatos y desaparición de los cuerpos, fue un acontecimiento único”. Lo describió el investigador del Conicet, Hugo Vezzetti, en su libro Pasado y presente. Como definió la socióloga Pilar Calveiro, eran “máquinas de destrucción” que cobraban vida propia y nadie podía detenerlas. Una maquinaria necesaria para fundar el país que imaginaban los jerarcas de la última dictadura militar: “Los campos de concentración fueron el quirófano donde se llevó la cirugía mayor –no es casualidad que se llamaran quirófanos las salas de tortura–; también fueron el campo de prueba de una nueva sociedad ordenada, controlada, aterrada”.
Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio fueron más de medio millar en todo el país, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pasaron por sus calabozos entre 15 y 20 mil personas. El 90 por ciento de ellas fueron asesinadas. Funcionaron entre el ’76 y el ’82 en la mayoría de las provincias. En muchos de ellos hoy se levantan sitios de memoria. Estas páginas muestran lugares y nombres de todos esos espacios de muerte. El mapa no es el final, porque los datos se actualizan de manera permanente: lo permite la información que surge a partir de los juicios y de  nuevos testimonios.

En la confección de este mapa trabajaron los ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el de Educación, el Archivo Nacional de la Memoria y la Red Federal de Sitios de Memoria. Estas áreas forman parte del Sistema Federal de Información sobre el terrorismo de Estado. Es un proyecto para la construcción coordinada de un sistema de información y georreferenciación. Se lleva adelante desde la Red Federal de Sitios de Memoria que, con la coordinación del Archivo Nacional de la Memoria, articula el trabajo entre las dependencias estatales de todo el país que tienen a su cargo la gestión de políticas públicas de memoria, verdad y justicia, con la participación de ONG de derechos humanos y otras instituciones comprometidas con la temática.