De igual modo, los defensores de los derechos humanos sospechan que tras los crímenes están grupos que buscan silenciar a los periodistas, sin que las autoridades puedan garantizarles su seguridad, reseñó el portal Cubadebate.
El sociólogo Osman López, presidente del no gubernamental Comité por la Libre Expresión, señaló:“Aquí el problema es que el Estado no está garantizando la vida de nadie, inclusive de los periodistas, que pueden llegar a la autocensura por temor“.
Asimismo, dijo: “Hemos venido sustentando, incluso en la Embajada de Estados Unidos, que en Honduras se vive en un estado de total indefensión y de impunidad“.
El sociólogo destacó el caso de Manuel Palacios, asesinado el 14 de marzo en Tocoa (noreste).
El último de estos crímenes ocurrió el martes pasado, cuando un desconocido asesinó de un disparo en la cabeza al periodista Georgino Orellana, tras salir del canal de televisión en que trabajaba en la ciudad norteña de San Pedro Sula.
Ninguno de estos homicidios, que han sido condenados por entidades internacionales de prensa, han sido esclarecidos por las autoridades hondureñas.
Honduras tiene una de las mayores tasas de homicidios en América Latina. Es por ello que el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa equivalente a unos 13 mil dólares a quien proporcione información para dar con los asesinos de Orellana.
Por su parte, el presidente electo en comicios cuestionados por la comunidad internacional, Porfirio Lobo, ordenó a los cuerpos policiales “que agoten los medios necesarios” para esclarecer los asesinatos de los periodistas e informó que ha pedido ayuda extranjera para investigarlos, en particular a España, Colombia y Estados Unidos.
Mientras que el titular de Seguridad, Oscar Álvarez, aseguró que “de todos los casos que hemos visto, en ninguno nos ha dado ninguna señal de que haya un grupo organizado queriendo silenciar a los periodistas”.
Entretanto, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón, dijo: “Sí hay grupos que quieren tener el control de espacios políticos y sus privilegios y grupos del crimen organizado que quieren atemorizar a los periodistas“.
Este activista se ha destacado por ser un crítico del golpe de Estado 2009 perpetrado en contra de Manuel Zelaya.
“Se está viendo un Estado cautivo por el crimen organizado y se debe definir una política de Estado para reducir los riesgos de la criminalidad”, subrayó.