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Quito, marzo 1ero – Muchas dudas persisten sobre el bombardeo que fuerzas colombianas realizaron contra un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, cuando este lunes se cumplen dos años de ese hecho que llevó al Gobierno de Ecuador a romper relaciones con su vecino país.

En lo que Ecuador calificó como una flagrante violación a su soberanía territorial, militares colombianos realizaron un bombardeo aéreo y, posteriormente, se adentraron en territorio ecuatoriano para masacrar a quienes pernoctaban en el campamento del grupo insurgente.

Entre los más de 20 asesinados por las fuerzas colombianas estaba el ex miembro del secretariado de las FARC, Raúl Reyes, un ciudadano ecuatoriano, Franklin Aisalla, y cuatro estudiantes mexicanos.

Al ataque sobrevivió una estudiante mexicana, Lucía Morett, a quien el Gobierno colombiano intenta criminalizar por su presencia en el campamento clandestino que fue bombardeado.

Algunas de las dudas se desprenden de la precisión con la que se realizó el bombardeo dirigido, que destruyó la zona del campamento sin afectar otras áreas en las cuatro hectáreas del asentamiento clandestino de las FARC, así como de la posible utilización para ello de medios técnicos de un tercer país.

Otras inquietudes surgen del testimonio de sobrevivientes, que detallan el ensañamiento de los militares colombianos al masacrar a quienes resultaron heridos por el bombardeo previo, mientras en la operación también fueron supuestamente decomisadas unas computadoras que, luego de la explosión de al menos seis bombas de alta potencia, quedaron intactas.

Los discos duros de esas computadoras, aparentemente indestructibles, leídos e interpretados únicamente por la inteligencia colombiana y utilizados para inculpar a autoridades ecuatorianas y venezolanas de supuestos nexos con las FARC, nunca se han sometido a la demanda de revisión internacional.

Son aspectos que el Gobierno de Ecuador pide que se aclaren para restablecer totalmente las relaciones bilaterales con Colombia.

Luego del bombardeo, Colombia anunció que en ese operativo, llamado Operación Fénix, se usaron seis aviones EBM Super Tucano, helicópteros Blackhawk UH 60, unos 150 o 200 efectivos militares, y se lanzaron al menos seis bombas GBU 12 Paveway II hechas en Estados Unidos y otras LGB Griffin, de fabricación israelí.

Sin embargo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) posee una guía de armamento en la que detalla que las bombas GBU han sido adaptadas para detectar objetivos iluminados por láser y guiarse hacia el reflejo resultante, y son generalmente usadas por una serie de aviones entre los cuales no fuguran los Super Tucano.

Esto aumenta las dudas sobre el apoyo logístico o material de Estados Unidos y la base que aún controlaban en la localidad de Manta, en la occidental provincia ecuatoriana de Manabí.

La justicia ecuatoriana inculpó como autores intelectuales de esta masacre, perpetrada el 1 de marzo de 2008 al ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, y tres de sus jefes militares, los cuales fueron sobreseídos la semana pasada por un juez local de la provincia Sucumbíos.

El pasado sábado, en su acostumbrada alocución, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expresó: «Aquí (en Ecuador) la justicia es autónoma, pero sin olvidar que se cometió un delito en donde fallecieron personas».

Correa además recordó que lo ocurrido en Angostura fue un bombardeo en suelo ecuatoriano sin el consentimiento del Gobierno.

«Hubo 26 muertos, entre ellos un ecuatoriano y cuatro mexicanos y eso tiene que ser investigado», recalcó el Mandatario, quien agregó que «no puede haber delito sin delincuentes, sin autores, cómplices y encubridores.», añadió el jefe de Estado ecuatoriano.