Europa PressAsí, la red estaba formada por unas 40 personas que establecieron una cadena internacional de sociedades que abrían cuentas de negociación de derechos de CO2 en diversos registros, principalmente en el de Dinamarca.
En numerosas ocasiones la re-exportación se producía a través del mercado francés, conocido como Bluenext, y de operadores del mercado inglés como Ice Clear. La AEAT inició las averiguaciones después de que las autoridades fiscales de Francia, Reino Unido y Holanda advirtieran de la posibilidad de que los mercados internacionales de derechos de emisión de CO2, conocidos como «carbon allowances», hubieran sido objeto de un importante ataque por parte de grupos de delincuencia organizada.
Una vez verificada la situación en España se comprobó que la situación era igualmente preocupante, y las averiguaciones culminaron con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que finalmente se presentó en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional.
En España este comercio se inició cuando la administración adjudicó a las empresas generadoras de estos gases determinadas cuotas de emisión en forma de ‘bonos de emisión’. Algunas empresas adjudicatarias generan excedentes de los bonos asignados, bien porque su actividad se ha reducido, o bien porque han aplicado mejoras tecnológicas que consiguen disminuir la emisión de estos gases.
Un testaferro ilocalizable
Posteriormente, ponen a la venta los bonos excedentes. El mercado de estas cuotas está sujeto a IVA, por lo que, una vez transferidos los bonos a empresas deficitarias que los precisan, los autores del fraude situaban un testaferro encargado de liquidar el IVA. Esta figura, generalmente ilocalizable, no liquidaba el impuesto y desaparecía, quedando el resto de la trama libre de cualquier responsabilidad.
Entre las empresas que participaban en este entramado se encuentran los dos mayores brokers españoles dedicados a la intermediación de este tipo de productos. En el dispositivo policial han participado más de 50 agentes de la Guardia Civil con la colaboración de personal perteneciente a la Agencia Tributaria.
Debido a la dimensión internacional de las estructuras empresariales implicadas, en la última fase de la operación han participado agentes especializados del Grupo de trabajo denominado MISTRAL de EUROPOL del que la Guardia Civil forma parte.
Once imputados
El pasado martes 23 de marzo el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno lanzó una operación contra la red fraudulenta que se saldó con 11 imputados, seis de ellos con puesta en libertad inmediata tras declarar ante la Policía Nacional. Los otros cinco pasaron el pasado viernes a disposición judicial.
Tras prestar declaración, Moreno ordenó el ingreso en prisión de dos de ellos y los otros tres quedaron en libertad, dos, con la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días y el tercero tendrá que presentarse ante la sede judicial más cercana de forma diaria. La operación se completó con 14 entradas y registros en los domicilios de diversas sociedades y particulares situados en Madrid, Las Rozas, Marbella y Valladolid. El juez mantiene el secreto de sumario.
Cambio de legislación para evitar fraudes
Distintos países de la Unión Europea (UE) han venido sufriendo el ataque de estas organizaciones y se han visto obligados a modificar su legislación reguladora del IVA para evitarlo. Así, el 29 de octubre de 2009, España modificó la Ley del IVA en lo relativo a las transacciones de CO2 para aplicar el mecanismo conocido como Inversión del Sujeto Pasivo. Una vez aplicada esa regla, no sólo desapareció el fraude al IVA en este sector en España, sino que, además, las transacciones en el mercado español de CO2 disminuyeron de forma drástica.
El fraude continúa en los países de la UE que aún no han modificado sus legislaciones. El comercio de este tipo de productos esta regulado por el Protocolo de Kioto y la diferente normativa europea y nacional derivada del mismo. En España este comercio se inicia cuando el Ministerio de Medio Ambiente adjudica a las empresas generadoras de estos gases determinadas cuotas de emisión en forma de bonos de emisión.
Las empresas que por una bajada de su actividad o mejora de tecnología tienen excedentes de cuota, ponen en el mercado el excedente de bonos para que éstos sean adquiridos por empresas deficitarias en cuota asignada. La AEAT continúa las averiguaciones ante la posibilidad de que estas mismas organizaciones hubieran decidido penetrar en los mercados españoles de gas, electricidad u otras «commodities».