Un estudio reciente del Instituto de Política Migratoria (MPI) indicó que 6.6 millones de indocumentados y 4.2 millones de inmigrantes legales carecen de seguro, pues tienen en su mayoría ingresos bajos o medios, o trabajan para empresas pequeñas sin beneficios médicos.
Los inmigrantes indocumentados sin seguro médico corresponden a seis millones de adultos y 660 mil menores de edad, que representan el 15 por ciento de toda la población estadunidense sin protección de salud, estimado en unos 45 millones de personas.
El estudio del MPI documenta que hasta octubre del año pasado alrededor del 31 por ciento de todos los inmigrantes indocumentados contaban con algún tipo de cobertura médica a través de sus empleadores, a pesar de que la mayoría son pequeñas empresas.
Bajo la legislación promulgada por el presidente Barack Obama, los indocumentados no podrán comprar con su propio dinero planes privados dentro del nuevo sistema de “mercado de opciones” de pólizas de cobertura médica que entra en vigor en 2014.
Aunque el proyecto inicial de la Cámara de Representantes permitía a los inmigrantes indocumentados ingresar al mercado de opciones, siempre y cuando no recibieran subsidio oficial, la versión de la Casa Blanca endureció esa cláusula y los excluyó por completo.
Pero los autores del estudio del MPI, Randy Capps, Marc Rosenblum y Michael Fix sostienen que los sistemas para verificar que los inmigrantes indocumentados sean excluidos de los beneficios de salud, pueden afectar a los residentes legales.
“Los sistemas de verificación para marginarlos de los subsidios y de los propuestos mercados de opciones, pueden ser costosos y pueden tener consecuencias no deseadas sobre los ciudadanos estadunidenses y los inmigrantes legales”, señalaron.
En contraste, los autores argumentaron que debido a que los inmigrantes legales recientes y los inmigrantes indocumentados son relativamente jóvenes y saludables, incluirlos en los grupos de seguro médico habría ayudado a contener los costos.
Además de quedar excluidos de la reforma de salud, los inmigrantes indocumentados son inelegibles para recibir beneficios de Medicaid –el programa de atención médica a las personas de bajos ingresos-, así como de otros programas federales.
En el caso de los residentes legales permanentes, la nueva legislación preserva la espera de cinco años para que inmigrantes legales accedan a beneficios públicos.
El MPI estima que alrededor de 4.2 millones de residentes legales carecen de seguros y que la preservación del periodo de espera de cinco años hace que alrededor de un millón de ellos sea excluido de Medicaid o de los subsidios oficiales.
Alrededor de cuatro de cada diez residentes legales trabajan en empresas de 25 trabajadores o menos y sólo tres de cada diez de los trabajadores de esas compañías tiene seguro, comparado con siete de cada diez para la población nacida en Estados Unidos.
La Casa Blanca ha insistido en que, bajo la nueva legislación, se beneficiarán alrededor de nueve millones de hispanos sin seguro médico, además de que los indocumentados podrán comprar seguros privados sin participar en el programa de mercado de opciones.
La nueva ley promueve servicios gratuitos de prevención, protege de la discriminación, ofrece incentivos tributarios a empresarios que ofrecen seguro médico a sus trabajadores y asigna mayores recursos a Puerto Rico, señaló la funcionaria de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz.
Muñoz, directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, señaló que la nueva ley permite la asignación de 11 mil millones de dólares a clínicas comunitarias que no preguntan el estatus legal de los pacientes.
Pero el estudio del MPI sostiene que la exclusión de la reforma sanitaria obligaría a una amplia porción de la población a depender de salas de emergencia y centros comunitarios sin acceso a medicina preventiva y pruebas de detección temprana.