La querella fue instaurada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y busca que el acuerdo firmado entre Bogotá y Washington el pasado 30 de octubre sea declarado «inexequible» (que no se puede llevar a efecto).
En este sentido, Alirio Uribe, director de esa ONG, dijo en declaraciones que en tal acuerdo se cede la soberanía de Colombia al permitir la utilización de las siete bases.
Alirio Uribe, agregó que la iniciativa no tiene reciprocidad porque Colombia «entrega la soberanía y no recibe nada a cambio» y también viola el principio de separación de poderes porque «no pasó por el control del Congreso» y tampoco tuvo el control constitucional que ejerce la Corte.
Según director de la ONG, el hecho que la Corte Constitucional admita la demanda «trae como consecuencia que va a analizar este acuerdo».
Según algunos medios de comunicación «fuentes de la Corte dicen que el abanico de posibilidades va desde dejar las cosas como están hasta tumbar el acuerdo, pasando por suspender su aplicación hasta tanto se tramite la ley correspondiente».
El Gobierno colombiano ha sostenido que el acuerdo firmado con Estados Unidos no es un nuevo tratado, sino una extensión de los convenios suscritos por el país desde 1974.
El documento fue suscrito el pasado 30 de octubre en un acto privado por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield.
Los soldados de EE.UU. apostados en Colombia no superarán los 800 y los contratistas los 600, número que fue autorizado en el año 2000 con la firma del Plan Colombia, una estrategia antidrogas que luego se amplió a la lucha contra la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, para la cual el Congreso de EE.UU. aprobó 46 millones de dólares para su adecuación, es el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tienen acceso mediante el acuerdo.
Las unidades militares contempladas son las bases del Ejército en Larandia (sur, departamento de Caquetá) y Tolemaida (centro, Cundinamarca y Tolima); las aéreas de Malambo (norte, Atlántico), Palanquero (centro, Cundinamarca) y Apiay (sur, Meta), así como en las navales de Cartagena (norte) y Málaga, en el Pacífico.
Sin embargo, el documento establece que los estadounidenses podrán utilizar las unidades que requieran para las actividades contra el narcotráfico y el terrorismo previstas en este acuerdo, con vigencia de diez años «renovables».