«Vamos a plantear en el ámbito de la Legislatura lo que mundialmente dicen los organismos de derechos humanos acerca del peligro que implican estas armas», dijo a Télam el diputado de Encuentro Popular para la Victoria Francisco «Tito» Nenna.
El proyecto del dirigente kirchnerista propone la prohibición en la Ciudad de la utilización de «armas eléctricas o electrónicas tales como rifles electrónicos, pistolas electrónicas u otros dispositivos similares de descargas eléctricas».
La medida de la jueza Danas contempla la suspensión de manera provisoria del uso de las pistolas por parte de la Policía Metropolitana hasta que se dicte sentencia definitiva sobre la cuestión.
La decisión hizo lugar al amparo presentado el 22 de febrero pasado por el Observatorio por considerar que ese armamento es un «elemento de tortura», según la denuncia.
Además sostuvo que el uso «puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aún de quienes se encuentran en perfecto estado de salud» y que «la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial (en tanto las armas no dejan marcas en el cuerpo) favoreciendo situaciones de abuso policial».
El uso de las pistolas Taser fue cuestionado, entre otras organizaciones no gubernamentales, por Amnistía Internacional (AI), que sostuvo que «el hecho de que varios gobiernos hayan prohibido el uso de defensas eléctricas a particulares y restringido su utilización a determinados funcionarios».
Ello obedece, según AI, a que «pueden provocar fácilmente sufrimientos y lesiones innecesarias, e incluso la muerte. Su comercio igualmente ha sido objeto de restricciones al admitirse que estos dispositivos pueden utilizarse para infligir tortura y ser un fácil instrumento de uso abusivo».
Tras la difusión de la orden, el bloque de legisladores de Proyecto Sur expresó su «conformidad con el fallo en la Ciudad y la expectativa de que, como corolario, se prohíba el uso de estas picanas eléctricas en todo el territorio argentino para evitar abusos policiales y violaciones a los derechos humanos».
Por su parte, la legisladora Gabriela Alegre dijo que «por suerte hay una jueza que, con sensatez, dio lugar a este amparo ante el peligro que implica el uso de las Taser» y consideró que la medida «garantiza la vida, la dignidad y la salud de los vecinos para que no se experimente con ellos».