En el proyecto de ley firmado por el mandatario las multas previstas para las empresas pueden llegar hasta el 30 por ciento de la facturación bruta de las compañías, que de mantenerse en irregularidad pueden perder la personería jurídica, explicó a periodistas el contralor general, Jorge Hage, informó Telesur.
‘El proyecto va a permitir que se alcance el patrimonio de esas empresas para castigar al corruptor. Hoy no tenemos mecanismos para eso. La sanción queda restringida a incluir a la empresa en el registro de idoneidad. Otro camino es por la Ley de Impedimento Administrativo, pero ese camino es largo y penoso’, apuntó Hage
La Ley de Impedimento Administro impide a las empresas recibir beneficios fiscales y participar de licitaciones públicas, confirmó EFE.
El contralor comentó que el Código Penal actual no puede poner en la cárcel a las personas jurídicas, que ahora podrán responder ante la Justicia en las esferas administrativa y civil.
El Congreso deberá ahora aprobar en sus dos cámaras o proponer modificaciones al proyecto presentado por el Ejecutivo, mientras que los gremios empresariales evitaron hoy pronunciarse sobre la iniciativa.