16 de febrero de 2010 (Rubén Nieto) – La dictadura hondureña, pese a tener una nueva imagen en el golpista Pepe Lobo que ha servido para países como España reconozcan el régimen, sigue practicando el terrorismo de estado. Persecuciones, sanciones administrativas, asesinatos, desapariciones y torturas son llevadas a cabo tanto por la policía como por los paramilitares para cumplir con la aspiración gubernamental de infundir miedo a la población y desmovilizar la organización de la resistencia hondureña.
Durante el día de ayer fue asesinado en la colonia Brisas de Olancho el militante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) Julio Fúnez Benítez, a unos días de haber participado en la I Asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular celebrada en Siguatepeque. Benítez es también sindicalista del Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
Otro miembro del FNRP, el artista Hernán Reyes, fue secuestrado temporalmente el 12 de febrero por tres paramilitares que lo torturaron para conseguir informacion sobre la I Asamblea del Frente Nacional de Resistencia. Durante su secuestro casi pierde un ojo al ser golpeado con un alambre de púas.
Durante ese mismo día la vivienda de Porfirio Ponce, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS) y militante del FNRP fue allanada ilegalmente por sujetos que se identificaron como policías. Detrozaron su casa y robaron su ordenador, además según Porfirio Ponce, «ya dentro registraron todas las gavetas del cuarto que duermo con mi esposa y el cuarto de los niños, dejaron manchados de sangre todos los interruptores, en todas las gavetas y bastante sangre en la cama matrimonial».
El pasado miércoles el también militante del FNRP en San Pedro Sula Edgar Martínez fue secuestrado junto con su esposa, familiares y una amiga y durante dos días fueron torturados por fuerzas policiales hondureñas.
Días anteriores dos periodistas afines a la resistencia fueron secuestrados, brutalmente torturados y obligados a colaborar con la dictadura contra el Frente amenazando para ello con matar a sus familiares directos.
Además el movimiento campesino que tomó posesión de tierras improductivas durante el gobierno de Zelaya gracias a la Reforma Agraria que luchaba contra el latifundio, están siendo perseguidos por las fuerzas policiales hondureñas, que se han puesto al servicio de grandes terratenientes como René Morales, el cual masacró a poblaciones campesinas hace pocas semanas.
Actualmente decenas de capesinos están siendo procesados por el delito de usurpación y son sometidos a persecuciones y hostigamientos por parte de la dictadura dirigida por el golpista Pepe Lobo.
Estos campesinos pertenecientes a varios sindicatos agrupados en el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguan (MUCA), integrante del FNRP, recuerdan que «existe un convenio entre el presidente Zelaya y estos grupos campesinos del Aguan firmado a principios del mes de Junio del 2009 antes del golpe de Estado, en el que se acordó que una comisión técnica jurídica investigaría sobre la legalidad de la tenencia de esas tierras y a los supuestos propietarios Miguel Facusé, René Morales y Reinaldo Canales se les pagarían las mejoras que ellos hayan hecho; pero las tierras serian entregadas».
Las organizaciones de derechos humanos hondureñas se muentran muy preocupadas por esta situación y señalan a la dictadura hondureña como culpable.