Desplazamiento a bombazos

 

Panorama Alternativo


La Organización Indígena de Antioquia (OIA) advirtió el martes que el bombardeo militar lanzado el pasado fin de semana sobre un asentamiento indígena busca desplazar a los lugareños para abrirle paso a una minera estadounidense. Así  lo expresó el consejero mayor de la OIA, William Carupe, cuya entidad representa a la comunidad de los embera katíos afectados por el ataque armado.

El ataque fue lanzado el pasado 30 de enero por la madrugada y dejó tres adultos y un bebé heridos, según una nueva cifra confirmada por la OIA, así como un «tambo» (domicilio tradicional) y cerca de una hectárea de cultivos destruidos, al igual que varios animales domésticos muertos.

«El interés del Estado y de las multinacionales es el de desplazarnos», aseguró Carupe desde Medellín, la capital departamental de Antioquia y sede de la OIA.

Dijo además, que la zona está bajo control militar desde hace dos años y que los lugareños han asegurado que allí no hay la presencia de grupos guerrilleros que los responsables del Ejército Nacional en la región han esgrimido para justificar el bombardeo.

La comunidad afectada es la del Alto Guayabal, que pertenece al Resguardo (asentamiento) de Uradá-Jiguamiandó, una de las varias comunidades situadas en los alrededores de Careperro, cerro selvático sagrado para los embera katíos y que centra un gigantesco proyecto minero.

El Careperro, situado en los límites del departamento del Chocó con el de Antioquia y con yacimientos comprobados de oro, cobre y molibdeno, es explorado por la Muriel Mining Corporation, multinacional con sede en Colorado (Estados Unidos).

 

La transnacional de EE. UU. , que abrió oficinas en Medellín, recibió del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas, estatal) nueve licencias para operaciones en dicho cerro  que no fueron consultadas ni consentidas por las comunidades aborígenes, compuestas por unas 2.000 personas, que son vecinas de varios asentamientos de población negra.

«Los helicópteros llegaron extrañamente de madrugada a bombardear», expresó Carupe.

En un reciente comunicado, las organizaciones indígenas han denunciado que “verificamos la construcción de un campamento bien equipado en donde están los obreros de la empresa y militares, al parecer empezaron con la exploración, rumbo a la explotación ya que el lugar cuenta con una pista de aterrizaje bien construida. A esto se suma el desastre ecológico palpable por la tala indiscriminada de bosque, desconociendo así lugares sagrados y de reserva para las futuras generaciones de los colombianos, sobre todo porque son lugares de refugio de los espíritus ancestrales, lugar donde nuestros antepasados han dejado guardado esa gran riqueza como un legado para nuestros hijos”.

“Exigimos también, el cese inmediato de las operaciones militares en la zona. Así como el retiro inmediato de la Muriel Mining Corporation de los territorios ancestrales.
Por todo lo anterior, responsabilizamos al Estado Colombiano en Cabeza del señor presidente, de todas las acciones y atropellos que esta multinacional, los grupos armados puedan cometer contra las comunidades y autoridades indígenas de la zona, máxime cuando es deber y competencia del gobierno y el Estado mismo, salvaguardar nuestros derechos”.
“De igual forma, hacemos una vez más el llamado a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los pueblos, a las organizaciones solidarias, que se pronuncien y desarrollen campañas de denuncia en las ciudades y países para develar las atrocidades que esta multinacional está cometiendo en nuestros territorios ancestrales”.