«Semana.com: No es ningún delito hacer cualquier consulta en Internet pero ¿qué lo motivaba a consultar páginas proclives a organizaciones armadas?
N.C.: La fiscalía no ha precisado nada, siempre se queda en declaraciones muy generales. Dicen que visité rebelion.org, una revista virtual que según ellos apoya a grupos terroristas, pero para mí es una plataforma donde se manifiestan opiniones. Es una revista y punto. Y lo mismo con cualquier otra consulta que haya hecho, lo hacía por investigar. Las Farc aún están vigente, es un grupo que está generando víctimas, conocer el trasfondo de esos grupos y entender qué los motiva a actuar de esa manera es una inquietud apenas comprensible para un universitario. Hice esas consultas para tratar de comprender qué es lo que pasa en el país».
Es decir, que la Fiscalía colombiana utiliza en su argumentación contra el estudiante Nicolás Castro, el hecho de que éste haya visitado el sitio de rebelion.org, porque considera que este sitio «apoya a grupos terroristas».
No es la primera vez que se intenta criminalizar a Rebelión. Desde su nacimiento, hace 14 años, la derecha española y colombiana han utilizado sus medios de propaganda para acusar a Rebelión de lo que les ha venido en gana. Desde Bogotá, «El Tiempo» del clan Santos afirmó en 1996 que Rebelión era del ELN, y poco después, alardeando del mismo «rigor» periodístico, el diario conservador español «El Mundo» publicó que Rebelión era de las FARC.
No importó la incongruencia ni la gratuidad de las acusaciones. Ambos señalamientos levantaron sendas olas de ataques y amenazas contra los miembros de Rebelión, algunas de ellas firmadas nada menos que por el general Harold Bedoya, por ese entonces todavía comandante del Ejército colombiano y uno de los personajes más siniestros en la historia de la guerra sucia de ese país.
Con ser graves estos precedentes, consideramos que la escalada en la política de criminalización de rebelion.org es sumamente preocupante y debe llamar a la reflexión de todos aquellos ciudadanos que dentro y fuera de las fronteras de Colombia, defendemos el sagrado derecho a difundir informaciones sin censura y a opinar libremente, en ejercicio de nuestra libertad de conciencia y con estricto apego a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es que, de acuerdo con las declaraciones del estudiante Nicolás Castro, la Fiscalía colombiana en sus argumentaciones, está asociando a Rebelión con el apoyo «a grupos terroristas».
Si relacionamos este hecho con el reciente llamado del presidente Uribe (1) a perseguir a los refugiados colombianos en el extranjero y a «acabar» con lo que él califica como «auxiliadores del terrorismo», no es difícil concluir que nos encontramos ante una nueva arremetida del Gobierno narco-paramilitar de Colombia contra todos los espacios que no se pliegan a su censura y que denuncian el terror de Estado: las miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fueza Pública (Ejército y Policía), las masacres de campesinos, de indígenas, los asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos, las escuchas ilegales a políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, el cierre de medios molestos por sus denuncias, la connivencia con los grupos narco-paramilitares, la impunidad.
Cuando se están cumpliendo diez años de la masacre de El Salado (2) y cinco de la de San José de Apartadó (3), dos episodios que muestran el grado de sevicia y la criminalidad con la que Ejército y paramilitares torturan y asesinan a hombres, mujeres y niños inocentes en Colombia, consideramos que bien haría la Fiscalía colombiana en investigar los hechos y depurar responsabilidades, llegando hasta los últimos escalones responsables de estas matanzas y garantizando a las víctimas sus derechos a Verdad, Justicia y Reparación, en lugar de criminalizarlas, como hace con Rebelión y como hace con los periodistas que, en Colombia, no se dejan censurar.
Notas:
(1).- Ver las amenazas contra refugiados colombianos en el exterior y documentalistas argentinos considerados como «auxiladores del terrorismo» en: http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=238012&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC y http://www.eluniversal.com/2010/01/06/int_ava_gobierno-colombiano_06A3257773.shtml
(2).- El Salado es un caserío ubicado en los Montes de María, departamento de Bolívar, en el que el 18 y 19 de febrero de 2000 fueron torturadas y asesinadas 66 personas, entre hombres mujeres y niños, en lo que se considera la peor matanza cometida hasta la fecha por los paramilitares en Colombia, y que contó con la cobertura del Ejército. Ver: http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/40-masacres/435-la-masacre-de-el-salado– y http://www.colectivodeabogados.org/La-Danza-de-la-Muerte-paramilitar
(3).- El 21 de febrero de 2005, 8 personas pertenecientes a dos familias de campesinos fueron asesinadas (entre ellas tres niños: de 11, 6 y 1 año de edad) por paramilitares y elementos del Ejército en San José de Apartadó (Antioquia), comunidad de paz que rechaza la presencia de todos los actores armados de la guerra y que ha visto cómo más de cien de sus miembros morían asesinados en los últimos años. Ver cronología de las agresiones contra la comunidad de paz en: http://cdpsanjose.org/?q=node/77
y documental sobre la masacre de 2005 en: http://www.youtube.com/watch?v=tnMNFUCNQTo, http://www.youtube.com/watch?v=L9dx4pCyzTM&NR=1 y http://www.youtube.com/watch?v=OSQHXcm8B9Q&feature=related