Julio C. Gambina
Los debates del verano de 2010 se concentraron en la Deuda Externa y la autonomía del Banco Central. Fueron discusiones que incidieron en el cambio del escenario económico y político previsible a mediados de diciembre pasado, cuando se difundió el “Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad” creado por Decreto de Necesidad y Urgencia. Es probable que hasta marzo, cuando comience el periodo ordinario de sesiones parlamentarias, no haya definición sobre el Fondo de 6.569 millones de dólares, que en el imaginario del gobierno iba a servir para bajar el costo del crédito externo para actores privados y públicos. La polémica del verano ha dado lugar a un crecimiento de la tasa de interés para operaciones de crédito a realizar desde el país. Dicho de otro modo, volvió a subir el “riesgo país”, con tasas usurarias para el financiamiento externo de actividades en Argentina. Claro que un interrogante es si el país necesita en la coyuntura de fondos externos, o si modificando las orientaciones de la política económica que definen el modelo de acumulación, se puede pensar en utilizar fondos propios (reservas) para un desarrollo alternativo.
Sobre fines del año pasado se viene trabajando en una secuencia de arreglo con el Club de París por 7.000 millones de dólares, una deuda mayoritariamente asumida en tiempos de dictadura y por ende sujeta a ser considerada ilegítima y “odiosa”; la seguridad de los pagos para el 2010 con el Fondo del Bicentenario (cubre el 50% de los vencimientos del año) más los fondos previstos en el presupuesto; y la reapertura del canje de deuda del 2005 (beneficio para los que no aceptaron canjear deuda hace un lustro), votado mayoritariamente en el Parlamento, dando muestras de voluntad de cancelación de la deuda por parte de los diputados del oficialismo y la oposición legislativa de derecha. Es una secuencia asociada a la búsqueda de caminos para normalizar la situación del país con el FMI, que desde 2006 no realiza el monitoreo de la economía local, como ocurre con todos los países miembros (asociados) del organismo internacional. Aparece como una necesidad desde el momento que Argentina participa en el G20, ámbito de análisis de la crisis contemporánea en el sistema mundial. No olvidemos que el G20 establece como estrategia central la liberalización de la economía para superar la crisis y una reasignación privilegiada de funciones al FMI como entidad rectora del sistema financiero mundial.
La realidad económica y política de la Argentina se desordenaron y se reinstalaron viejos temas, impensados hace poco tiempo, entre ellos, la discusión sobre algunos estatutos neoliberales como la autonomía del BC, la ley de entidades financieras de la dictadura, una de las reformas centrales de la reestructuración reaccionaria del capitalismo local; y el tema de las reservas, su composición, utilidad y destino, que nos lleva al debate de fondo sobre la deuda pública, un asunto escamoteado desde el gobierno y el poder. Se enuncia una política de desendeudamiento, mientras esta política es asociada a la búsqueda de condiciones para reinstalar al país en el sistema financiero mundial. Nuestro interrogante se vincula con la necesidad de una crítica al sistema y la posibilidad de avanzar en una nueva arquitectura financiera mundial, conscientes de que parte de esta experiencia ya se lleva adelante en la región latinoamericana y caribeña, especialmente en los países del ALBA.
Los temas en debate
Autonomía del BCRA. ¿Sí o no?
Se trata de una institución de los 90´, resultado de la hegemonía política de Menem y Cavallo, totalmente funcional al paradigma de liberalización de la economía sustentada en el libre movimiento de los capitales internacionales y un BC al servicio de ese proceso. La modificación de la Carta Orgánica (C.O.) del BC del 92 completó la reforma financiera de la dictadura militar (1977). Lo curioso a destacar es que el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y el de Cristina Fernández propusieron y mantuvieron en la presidencia del BC a un orgánico de la autonomía y la ortodoxia neoclásica o neoliberal, como Hernán Martín Pérez Redrado. El debate de estas horas habilitó un discurso crítico que reclama la modificación de la C. O. del BC, incluso se reflotó un proyecto legislativo de Mercedes Marcó del Pont, actual Presidente del BC, que siendo Diputada por el oficialismo (FPV) presentó un proyecto sin éxito entre sus compañeros de bancada parlamentaria. Un interrogante es si Marcó del Pont bregará desde su función actual por los anteriores propósitos contra la institucionalidad liberalizadora.
Ley de Entidades Financieras.
El debate se extendió a la intocada legislación financiera, que data de 1977 y que fuera calificada como el instrumento más revolucionario del gobierno de la dictadura por su propio mentor, el Ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz. En rigor, no solo se trata de la legislación, sino de la política financiera, cuando la Argentina presenta una de las menores relaciones entre préstamos y capacidad de producción de riqueza y donde el escaso crédito es a tasas muy elevadas. Junto a la Ley de Inversiones Externas, ambas leyes constituyen parte inseparable de la estrategia jurídica para adaptar el régimen local a la demanda liberalizadora y de concentración requerida por los capitales transnacionales. Nadie duda de la extranjerización del sistema financiero local y de la dominación transnacional en todas las ramas de la economía.
Reservas Internacionales (RI).
Se discutió su utilidad y cuál es el monto real de las mismas, pues además de los activos financieros en poder del BC, deben computarse una serie de pasivos que hacen disminuir el saldo de RI. Un debate no menor alude al carácter de reservas excedentes, producto de la vigencia del régimen convertible, aunque se haya modificado la paridad uno a uno entre el dólar y el peso, para pasar a un mecanismo de flotación administrada de la paridad cambiaria. Pero más importante que la cantidad de reservas, es la discusión que se abrió al uso de las mismas, cuando desde el oficialismo se pensaba en un destino de pago de los vencimientos de deuda y liberar recursos corrientes para gasto público, los legisladores y el arco político de la derecha y sus legisladores demandaron pagar la deuda con recursos fiscales corrientes, es decir, a costa del presupuesto y de la mano de un profundo ajuste en el gasto público social. Otros sectores, enmarcados en la izquierda parlamentaria, se pronunciaron por una investigación de la deuda, al estilo de la Auditoría realizada por Ecuador y que devino en una quita de la deuda exigible. Es cierto también, que en otros sectores políticos y sociales, más allá del debate parlamentario, se insistió en privilegiar la deuda social interna, repudiando cualquier estrategia de cancelación de deuda externa.
Lo que queda hasta ahora es el cambio en la presidencia del BC, que fue sorpresa, ya que el candidato con pergaminos favorables para el establishment del poder económico local e internacional, Mario Blejer, quedó en el camino por Mercedes Marcó del Pont que viene de presidir el Banco de la Nación Argentina (BNA). La trayectoria de Marcó del Pont explica expectativas de cambios legislativos y de política financiera a contramano de la orientación ortodoxa hegemónica en el BC. Mientras tanto y con la carta orgánica actual, para acercar más al BC con las necesidades de política económica se creó un “Consejo Económico” que integran los titulares del Ministerio de Economía y del BC, inspirados se dice, en la experiencia brasileña. Consultados varios colegas del país vecino señalan que la impronta la define Henrique Meirelles, el Presidente del Banco Central que proviene del Bank Boston y que fuera la carta de confianza y seguridad otorgada al poder económico mundial de parte de Lula. Dicen que el Ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega es neo desarrollista y el titular del BC un neoliberal consumado. Queda el interrogante si en política se aplica la máxima matemática relativa a “que el orden de los factores no altera el producto”, ya que Marcó del Pont proviene del desarrollismo y Amado Boudou (Ministro de Economía de Argentina) registra antecedentes en la UCD, el partido que inspiró el pope del neoliberalismo argentino: el inefable Álvaro Alsogaray.
La experiencia de Brasil
Desde diciembre de 1964 funciona en Brasil el Consejo Monetario Nacional (CMN) [2] con el objetivo de coordinar la política macroeconómica con la política industrial, comercial, etc. Estamos hablando de un periodo desarrollista en el Brasil, de acelerada industrialización y el CMN funcionaba con los aportes de funcionarios de los ministerios de planeamiento, agricultura, industria, comercio, trabajo, interior; pero también lo hacían representantes de la banca regional o del propio Banco de Desarrollo (BNDES), e incluso expresiones del movimiento de trabajadores. La idea apuntaba hacia la convergencia de la política monetaria y fiscal, con presencia (por lo menos en la letra) de fuerzas sociales. Desde 1995 con el Plan Real (Fernando Henrique Cardoso), el CMN se redujo a las presencias de los ministerios de Hacienda y Planeamiento, junto al Presidente del BC.
La modalidad que inspira a la Argentina está más próxima a esta versión que a la originaria, aún cuando Marcó del Pont sostiene que se tratará de “profundizar el modelo económico de desarrollo industrial”. Algunas opiniones desde Brasil sostienen que el CMN en nada impide el accionar tradicional del BC, máxime con la titularidad de Henrique Meirelles, puesto en dicha función en la Presidencia Lula. Algunos esperaban que con la llegada de Guido Mantega al Ministerio de Hacienda en 2006 hubiera límites a la orientación del BC, especialmente luego de la convergencia de Meirelles con Antonio Palloci, primer ministro de hacienda del gobierno de Lula y claro promotor de la continuidad de las políticas neoliberales.
La experiencia brasileña reconoce también el Consejo de Desarrollo Económico (CDE) creado por la administración de Lula en 2003, inspirado conceptualmente en la composición del primer CMN, por lo menos tal como funcionó en los 60´ y 70´ y que luego mutó en los 80´ y como señalamos con la crisis de mediados de los noventa. La realidad de incidencia del CDE es escasa ante la presencia hegemónica de las concepciones subordinadas al mainstream, la corriente principal en política económica. Más allá de las voluntades políticas en el gobierno y los funcionarios del BC, sectores del movimiento social de Brasil insisten en la ausencia de una presencia más importante de la dinámica social “resistente” para constituir una fuerza sociopolítica que bregue por otro orden económico y social. La correlación de fuerzas políticas es lo que define la hegemonía a favor de la banca y su proyecto liberalizador. La práctica del CMN y más precisamente del Comité de Política Monetaria (COPOM), integrado por funcionarios del BC de Brasil, está concentrada en la metas de inflación, una estrategia sugerida desde los organismos financieros internacionales y que en la Argentina pretendió instrumentar Alfonso Prat Gay cuando estuvo al frente del BC (diciembre 2002 a setiembre 2004). Es la concepción mayoritaria de la banca central mundial y se asocia a la concepción monetarista de control inflacionario, con independencia del efecto que genera en el empleo y la producción de los países en que se aplica. Una de las políticas centrales del COPOM se concentra en la fijación de la tasa de interés. Los sectores menos concentrados de la economía brasileña reclaman por el excesivo nivel de los intereses que conspiran para el desarrollo de una producción no monopolista y se presentan presiones para extender la participación del movimiento popular en los ámbitos de decisión del COPOM. En Brasil como en Argentina, la cuestión se define según sea la capacidad de acumulación política de poder de las clases subalternas o de las dominantes.
La deuda como condicionante estructural
La deuda comprometida entre 1976 y 1983 condiciona el régimen constitucional hasta nuestros días. Sin esa hipoteca no habría habido financiamiento para la militarización del país, el conflicto con Chile y Gran Bretaña; pero sobre todo para la represión y disciplinamiento del movimiento popular. El objetivo final del régimen dictatorial apuntaba a debilitar la capacidad de resistencia para avanzar en la reestructuración regresiva del capitalismo en Argentina. El endeudamiento externo fue el mecanismo económico privilegiado para ese fin liberalizador.
Los recursos ingresados sirvieron para endeudar empresas públicas, usado luego como argumento para las privatizaciones en los 90´, con la secuela de desempleo, marginación, empobrecimiento, desarticulación del aparato productivo y extranjerización de la economía. Los préstamos obtenidos a bajo interés, pero con tasas variables elevaron los servicios de la deuda ante la política estadounidense que llevó la tasa de interés a casi 20% a fines de los 70´ (la iniciativa Volcker de 1979 bajo la administración de Ronald Reagan). Eso hizo impagable la deuda y motivó los recurrentes procesos de negociación en cada turno constitucional.
Del default con bancos transnacionales en 1983 se pasó, Plan Brady (1992) mediante, a la cesación de pagos con tenedores de títulos a fines del 2001. El cambio de acreedores (de bancos a titulares de bonos) resulta de la maniobra realizada por los banqueros, el tesoro estadounidense y el gobierno de Menem y Cavallo. Buena parte de esa deuda impagable estaba en manos de tenedores locales de títulos, situación que afectó a los fondos previsionales, propietarios de deuda por decisión gubernamental asociada a la privatización de las jubilaciones.
La deuda es ilegítima en origen y promovió una amplia concentración del ingreso y la riqueza. Ante la continuidad de una hipoteca impagable y ya cancelada varias veces, la sociedad necesita resolver su independencia, más aún en tiempos de bicentenario. Por lo tanto el debate prioritario es si Argentina continúa sometida a la disciplina del sistema mundial en crisis, o repudia la deuda y encara con decisión la construcción de una nueva arquitectura financiera mundial.
Es un camino que se recorre en la región, con la Auditoria de la deuda ecuatoriana; la salida de Bolivia del CIADI; la construcción del Banco del ALBA y el SUCRE, como moneda regional de intercambio. Un paso en ese sentido sería el funcionamiento del demorado Banco del Sur y el manejo compartido de reservas regionales que superan los 500.000 millones de dólares para cambiar el modelo productivo y el patrón de consumo. Todo con el fin de resolver las necesidades sociales insatisfechas y salir de la crisis capitalista con soberanía alimentaria, energética y financiera.