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Colombia fue, una vez más, en 2009 el país más peligroso del mundo para el movimiento sindical, con 40 dirigentes o activistas asesinados, nueve menos que el año anterior, según se informó este jueves en una reunión de víctimas de la violencia.
El II Encuentro Nacional de Víctimas de la Violencia Antisindical reunió este jueves en la ciudad de Medellín a familiares de sindicalistas asesinados y amenazados, defensores de los derechos humanos, representantes de distintas agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales (ONG).
La reunión, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Escuela Nacional Sindical (ENS), entre otras organizaciones, busca avanzar en la organización de este colectivo.
Desde 1986, cuando se fundó la CUT, la mayor central obrera de Colombia, en este país han sido asesinados 2.721 sindicalistas, de ellos 573 desde agosto de 2002, cuando comenzó el Gobierno de actual presidente Álvaro Uribe.
«El 60 por ciento de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos», aseguró hoy a Efe el director del Departamento de Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT, Alberto Vanegas.
El porcentaje coincide con los cálculos de la Confederación Sindical (CSI), que subrayó en su más reciente informe anual que, de los 76 sindicalistas asesinados en 2008 en el mundo, 49 eran colombianos.
«Más que una cifra, esto es todo un genocidio del movimiento sindical», afirmó Vanegas tras intervenir en la apertura de la conferencia de Medellín (noroeste), que sigue a la que se celebró en 2007 en la ciudad de Barranquilla (norte).
«¿Cómo podemos llamar a eso sino genocidio?», sostuvo a su vez el director de la ENS, Luciano Sanín, cuyo centro de investigación y estudio, con sede en Medellín, ha documentado en detalle la violencia antisindical en Colombia.
Sanín no duda en que «Colombia es el país más violento del mundo para los sindicalistas».
Este movimiento ha sido víctima de unos 10.000 hechos violentos en los últimos 23 años, señaló el director de la ENS, quien mostró la magnitud del problema al compararlo con Brasil, que, con veinte veces más de afiliados a sindicatos y una mayor conflictividad laboral, en 2009 fueron asesinados cuatro sindicalistas.
Por eso Sanín cree que el caso de Colombia es «una violencia histórica y estructural, que no obedece a una coyuntura».
La colombiana es también «una violencia sistemática y selectiva» y, sobre todo, «específicamente antisindical», explicó Sanín, al señalar que se trata de una realidad que tiene a Colombia como «el país del mundo que más llamados tiene de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por no adecuar su legislación y práctica en materia de libertades sindicales».
El responsable de derechos humanos de la CUT asimismo consideró que «esto hace parte de una política sistemática de violación de los derechos humanos, de violación de las libertades sindicales».
El movimiento nacional de víctimas «levanta su voz para reclamar verdad, justicia y reparación», agregó Vanegas al advertir de la otra crisis que afronta el sindicalismo: la impunidad.
«La impunidad es del 98 por ciento en los casos de asesinato y del 100 por ciento en los de otras violaciones», sostuvo el sindicalista, que mencionó entre éstas últimas la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada y las amenazas.
El director de la ENS observó que la falta de justicia es mayor en los casos de violencia antisindical, por cuanto en el país «hay una lógica específica de impunidad contra los crímenes políticos en general y los de sindicalistas en particular».
Otros datos aportados también hoy en Medellín por la abogada Lina María Malagón, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), indican que la Fiscalía General investiga 1.303 casos que dejaron 1.546 víctimas entre junio de 1991 y agosto de 2008.
De todos ellos, 687 son casos de sindicalistas asesinados, 598 de personas (incluidos niños) que murieron en atentados contra sindicalistas y 261 son de sindicalistas víctimas de otros atropellos.
Sanín concluyó que, en síntesis, la Fiscalía «no está investigando el 74,5 por ciento de los casos de homicidio» y «sólo el 3,5 por ciento de los hechos de violencia general contra sindicalistas».