Herraez investiga los casos de homicidio, abandono de persona, sometimiento a torturas consistentes en estaqueos a la intemperie por largo tiempo, padecimiento de hambre y frío, enterramientos, golpes, lesiones graves y reducción a la servidumbre, entre otras prácticas aberrantes.
Las causas recibieron un fuerte respaldo este año con la declaración de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, por parte de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
José Martín Araníbar, ex combatiente y coordinador de las presentaciones de los casos de todo el país en Río Grande, cuestionó ese fallo y afirmó que «los soldados sí eran civiles, que el Estado convocó a la guerra ante un enemigo externo, a los que debió cuidar pero, por el contrario, sometió a estas vejaciones».
De quedar firme esa sentencia -agregó-, los promotores de los juicios recurrirán a la Corte Suprema de Justicia e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «si es necesario».
Taranto fue acusado por el ex combatiente Daniel Martires González por su responsabilidad en la muerte de hambre de los soldados Juan Quintana y Remigio Fernández, además de propiciar estaqueamientos de otros combatientes argentinos.
«Quintana estuvo 40 días tirado en una carpa y él estaba a diez metros de esa carpa y no hizo nada», expresó González en diálogo con Radio Fueguina de Río Grande, agregando que Taranto también lo agredió a él.
«Taranto usó su pistola para obligarme a hacer prácticas militares, usó su baquetón de acero que se usa para limpiar los fusiles para pegarme, para que le dijera quién le robó el dulce de membrillo y el cartón de cigarrillos, y después lo mandó a estaquear a Rosendo Prado», expresó el ex combatiente.
Además de Taranto, otro de los acusados directos es el teniente coronel Daniel Delfor Polano, y otros jefes a los que atribuyen responsabilidad por su jerarquía militar en la guerra, como el ex guardiamarina Carlos Ricardo Bianchi y el ex teniente Juan Magrabaña.
Araníbar estimó que después de la feria de verano los juicios recobrarán fuerza y la jueza Herraez recibirá testimonios claves.
«Incluso recientemente fueron al juzgado los coordinadores del Programa Nacional Verdad y Justicia, Elena Mariani y Juan Manuel Figueroa, que recorren los tribunales constatando que las causas de este tipo sigan su camino», señaló.
Además, días atrás se presentó como querellante en el juzgado fueguino la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, junto al abogado Eduardo Reczes, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), actuación en la que sumaron otros 20 testigos.