El DAS, dependiente de la Presidencia de la República, ha sido un organismo de inteligencia que -durante varios años- se ha visto implicado en casos de escuchas ilegales, de operaciones turbias y de corrupción. El presidente Uribe anunció su reforma hace pocos meses, pero el caso de la periodista Claudia Julieta Duque pone de manifiesto que los mismos agentes que se encargaban de la protección de periodistas amenazados, podrían estar implicados en el esquema que intentaba infundirles miedo e inseguridad.
En octubre de 2008, la periodista logró una sentencia de la Corte Constitucional que exigía al DAS que le entregase toda la información recabada de manera ilegal sobre su persona, desde el 2001. No lo ha hecho, pero sí han continuado las amenazas y la intimidación.
Los documentos incriminatorios para el DAS han aparecido entre la documentación descubierta en diversos allanamientos ordenados por la Fiscalía General de la Nación. Ahí se incluían todos los datos personales, teléfonos, correos electrónicos de Claudia Duque, así como los pasos para actuar sin ser detectado, y cómo tener cuidado para evitar señalarse ante la Policía Nacional de Colombia. Éstas son algunas de las directrices encontradas:
- Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía.
- No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.
- Llamar preferiblemente desde un teléfono de la empresa ETB.
- Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito.
- Quien realice la llamada la debe hacer sólo y desplazarse en bus hasta el sitio.
- Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (el mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente).
También se decía cómo amenazar a la periodista, diciéndole que su hija –que en aquel momento tenía 10 años- podía ser violada y quemada viva. “Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”, le dijeron una vez. La periodista y su hija abandonaron el país por un tiempo.
Según le explicó a la Federación Colombiana de Periodistas la propia afectada, fue ella quien descubrió el siniestro manual de instrucciones al revisar la documentación que la Fiscalía manejaba tras haberla confiscado en la sede del DAS. La periodista ha sufrido amenazas en distintos períodos, después de que empezara a investigar el caso del periodista y humorista, Jaime Garzón, asesinado en 1999 por los paramilitares de extrema derecha y cuyo entierro provocó una gran manifestación de duelo popular. La periodista ahora amenazada encontró indicios de la tergiversación y desviación de pruebas por parte del DAS en el caso Garzón.
En una entrevista de la Asociación Mundial de Periódicos, Duque explicaba así las consecuencias de su investigación periodística en este caso: “Tres exilios, múltiples amenazas de muerte contra mi persona y la de mi hija, aislamiento, silencio y sufrimiento. También pesa sobre mí una demanda legal, hecha por el ex director adjunto del DAS. A través de los años, he aprendido que no existe en Colombia ni perdón ni olvido para quienes combaten la impunidad en casos flagrantes de violaciones de los derechos humanos. Hubo épocas en las que no podía salir a disfrutar del sol ni ir a un parque a jugar con mi hija pequeña, quien ha tenido que aprender a no responder al teléfono, a no dar detalles de índole personal y a no confiar en nadie”.
Con respecto a la situación de los periodistas en Colombia, Duque explicaba que “la única manera de garantizar algún día la instauración de algo que pueda llamarse una auténtica libertad de expresión es acabar con la impunidad en los casos de asesinatos, torturas, intimidaciones y amenazas contra los periodistas, una situación que no he experimentado ni remotamente. La consolidación de programas alternativos de protección a los periodistas debería acompañarse de una política auténtica en favor de las libertades civiles en Colombia. Mientras el propio Presidente, junto con sus amigos cercanos y otros altos mandatarios estatales, sigan amenazando y poniendo en tela de juicio el derecho a la libertad de expresión y estigmatizando a los periodistas y disidentes, no será posible crear un marco seguro para que se desarrolle el periodismo en este país”.
“Lo que es de manual, pero del manual más sombrío, es el esquema puesto en marcha para lanzar las amenazas”, ha dicho Paco Audije, de la Federación Internacional de Periodistas.“En toda sociedad sana y democrática, esas amenazas deben ser rechazadas, investigadas y castigadas, sean quienes sean sus autores. Especialmente si son funcionarios del Estado. Estamos en contacto con nuestros colegas de FECOLPER y de nuestro Centro de Solidaridad en Bogotá, para apoyar en todo lo posible a Claudia Duque. En Colombia, quizá son las propias instituciones las que tienen que revisar profundamente sus propias cloacas y debilidades internas”, ha añadido Audije, antes de concluir “Por el contrario, el caso Duque, como otros en aquel país, nos muestra -una vez más- el servicio que los periodistas colombianos prestan a sus ciudadanos y al ejercicio de las libertades democráticas”.