En aquel momento, las diligencias se centraron en el secuestro y desaparición de Elizabeth Kässemann y de Klaus Zieschank, mientras que ahora lo hacen en el caso de Thomas Stawowiok, desaparecido durante la dictadura militar (1976-1981) y en cuyo esqueleto aparecen muestras de haber sido ejecutado, según el diario «Nürnberger Nachrichten».
Según fuentes judiciales, la aparición e identificación del cadáver ha posibilitado la apertura de nuevas diligencias, puesto que hasta ahora lo único que se tenían eran indicios de su desaparición y secuestro, pero no de «asesinato».
La justicia de Nuremberg abrió en 1990 el primer sumario contra Videla y Emilio Massera, entre otros miembros de la Junta, amparándose en varios casos de desaparecidos alemanes.
En 2003 dictó orden de prisión contra ambos, a lo que siguió, en 2004, una petición de extradición por parte del Gobierno alemán, por la muerte de Kässeman, estudiante de Teología e hija del pastor luterano Ernst Kässeman. A las investigaciones por esa desaparecida se unieron luego las relativas a Zieschank y, ahora, las de Stawowiok.
El caso se sobreseyó en 2007, dos años después de que, en agosto de 2005, el juez federal argentino Sergio Torres denegara la extradición al argumentar que Videla había sido ya procesado y condenado en Argentina por delitos similares.
El ex general Videla, de 84 años, presidió el país entre 1976 y 1981, periodo al que corresponden las desapariciones de estos tres ciudadanos alemanes, miembros de la resistencia.
Kässeman fue vista por última vez con vida en marzo de 1977, cuando fue secuestrada, posteriormente torturada y finalmente ejecutada en Monte Grande (Buenos Aires).
Zieschank fue detenido por civiles armados en San Martín, provincia de Buenos Aires, en marzo de 1976, y tras ser conducido a los centros de La Tablada y Morón, fue estrangulado y su cadáver supuestamente lanzado al mar, según las investigaciones recabadas en su momento por tribunales alemanes.
Aparición del cadáver
Stawowiok, miembro de la Unión de Estudiantes y afín a los montoneros, desapareció el 21 de febrero de 1978, a los 20 años, a la salida de la fábrica donde trabajaba como químico.
El caso de Stawowiok fue abandonado ya en 2004 por la Fiscalía de Nuremberg, ya que su cadáver no había sido encontrado hasta ahora.
Según medios alemanes, la pista de Stawowiok fue recuperada por sus familiares hace un año, después de que su padre, Desiderius, de 84 años, viajara a Buenos Aires al recibir el aviso de que uno de los cuerpos hallados en agosto de 2004 en una fosa común de Lomas de Zamora podía ser el de su hijo. El cotejo de las huellas genéticas del esqueleto en cuestión con las de Desiderius Stawowiok permitió identificar el cadáver como el de su hijo, y, ahora, la apertura de las diligencias, fundamentadas en los rastros de tortura e indicios de «asesinato».
Videla, que encabezó la dictadura más cruel en la historia argentina, permanece desde octubre de 2008 en la prisión de la guarnición militar Campo de Mayo, a las afueras de la capital por decisión de un juez de primera instancia, ratificada después, que revocó el arresto domiciliario del que se beneficiaba por su avanzada edad.
El dictador fue condenado en 1985, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, a prisión perpetua por violaciones de los derechos humanos, pero en 1990 el entonces presidente, Carlos Menem, lo indultó. Permaneció libre durante ocho años hasta que en 1998 la Justicia ordenó su arresto domiciliario por más de 200 delitos de lesa humanidad que no habían sido juzgados en la década anterior, entre ellos el robo de bebés de detenidas desaparecidas, el «Plan Cóndor» y la muerte de al menos 31 presos políticos.
Unas 18.000 personas, según datos oficiales, desaparecieron durante la dictadura, aunque organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
Un tribunal argentino ha condenado a 21 años de prisión a un ex juez por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en la primera sentencia contra un miembro del Poder Judicial desde que se reactivaron en el país los juicios a represores de los «años de plomo».
El Tribunal Federal Oral de la provincia de Santa Fe halló al ex juez Víctor Brusa «autor penalmente responsable de apremios ilegales en ocho hechos», informaron fuentes judiciales. Los jueces, además, sentenciaron a penas de entre 19 y 23 años de prisión a cinco ex policías en calidad de «coautores» de los delitos de «privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenaza de imposición de tormentos».
Todos los delitos, según el tribunal, fueron cometidos en el marco de «un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado», lo que los transforma en delitos de lesa humanidad, añadieron las fuentes.
Brusa fue acusado de obligar a personas detenidas a firmar declaraciones obtenidas bajo torturas cuando era empleado de un juzgado de Santa Fe. Fue mencionado por varios supervivientes de la represión desatada por la dictadura como uno de los funcionarios judiciales que interrogaba a presos políticos en medio de sesiones de torturas.
Brusa fue destituido como juez en 2000 y detenido en 2005. Pese a las numerosas denuncias por su complicidad con la dictadura, el Consejo de la Magistratura destituyó a Brusa en marzo de 2000 por no haber socorrido a un nadador al que atropelló con la lancha deportiva que conducía.