La nueva ley reafirma las metas de reducción de emisiones que el gobierno brasileño presentó en la reciente Cumbre sobre Cambio Climático en Copenhague (COP-15), aunque la legislación aún será objeto de decretos accesorios.
Esos decretos, que serán firmados por Lula en enero, determinan las responsabilides y acciones de cada sector de la economía (agricultura, industria, energía, medioambiente), así como la reglamentación de la nueva ley.
Antes de firmar esos decretos, el gobierno pretende consultar especialistas, científicos, empresarios y ONGs sobre las mejores opciones.
Con relación al proyecto original de la ley, el presidente Lula acató sugerencias de diversos ministros e introdujo solamente tres vetos al texto, aunque la presidencia de la república afirmó que se trata de cuestiones técnicas o aspectos de redacción.
Lula, por ejemplo, vetó un párrafo que delineaba el objetivo de «estímulo al desarrollo y uso de tecnologías limpias y paulatino abandono de fuentes energéticas que usen combustibles fósiles». El ministro de Energía, Edison Lobao, sugirió el veto a la expresión «abandono».
Otro veto se refería a una redacción confusa sobre los objetivos de las hidroeléctricas de pequeño porte y el uso de biocombustibles, mientras que el tercer veto eliminó una contradicción del proyecto con normas existentes sobre el presupuesto federal.
El ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, expresó su satisfacción con el texto de la nueva ley, pues demuestra que Brasil está dispuesto a cumplir cuidadosamente con lo planteado en Copenhague.
«No interesa si la Convención de Copenhague no quedó como queríamos. Nosotros vamos a cumplir nuestras metas», dijo Minc a la prensa, acotando que ello demandará «un esfuerzo de todos».
La nueva legislación, sin embargo, no agradó a entidades ambientalistas.
Para el presidente de Greenpeace Brasil, Sergio Leitao, Brasil «inventó una ley de aplicación voluntaria» y no respeta «en la práctica» lo que expone en discursos internacionales.