Con este operativo se intenta recoger «células desprendidas de los cuerpos» de Felipe y Marcela, los hijos de la empresaria. Según publica la agencia oficial de noticias Télam, que cita a fuentes judiciales, el procedimiento fue efectuado en horas de la mañana de este miércoles y responde a la orden del juez que interviene en la causa, Conrado Bergesio.
Las mismas fuentes precisaron que las muestras servirán para «establecer estudios de compatibilidad».
La versión fue confirmada por el abogado de los jóvenes, Jorge Anzorreguy, que precisó que de las viviendas de sus clientes se retiraron «cepillos de dientes y de cabellos».
Entretanto, la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, rechazó que el análisis, que pretende comparar las muestras de los jóvenes con la de los familiares querellantes, sea hecho en los laboratorios del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, en lugar de haberse practicado, como lo establece una ley de reciente aprobación, en el hospital que alberga el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se concentra la información de los desaparecidos.
Ernestina Herrera, viuda desde hace 30 año del fundador del periódico Clarin, Roberto Noble, ha dicho que en 1976 se encontró con dos bebés abandonados en la puerta de su casa. En 1985, dos años después de que retornara la democracia a Argentina, las Abuelas de Plaza de Mayo, empezaron a recibir las primeras denuncias de que en la lista de los niños robados, había que incluir también a Felipe y Marcela.
Las madres de los desaparecidos Estela Gualdaro y Mara Amelia Herrera de Miranda, presentaron demandas para intentar recuperar a sus nietos secuestrados, presuntamente por la familia Noble Herrera, pero el caso no se activó hasta que en 2001 las Abuelas de Plaza de Mayo se presentaron como querellantes.
Un año después, el juez federal Roberto Marquevich, detuvo durante 66 horas a Herrera de Noble bajo el cargo de falsificación de los documentos de adopción de sus hijos. Por la detención, empresarios, periodistas, políticos, sindicalistas, obispos y jueces, ejercieron presión, por lo que, en 2003, el jurista fue apartado de la causa y 12 meses más tarde destituido por el Consejo de la Magistratura, que supuestamente encontró irregularidades en la privación de la libertad de la dueña del grupo de medios más poderoso de Argentina.
Luego del arresto de Ernestina de Noble Herrera, Felipe y Marcela aceptaron en 2003 someterse a un examen de ADN.
En 2009, el Congreso aprobó una ley que dispone que las pruebas de ADN se practiquen en el Banco Nacional de Datos Genéticos. No obstante, el lunes, el juez Bergesio ordenó que las pruebas de compatibilidad genética se realizaran en el Cuerpo Médico Forense.
Ante esto, Carlotto leyó un comunicado en el cual el colectivo que representa expresa que «no consentirá esta medida de prueba ilegal ni que se realicen excepciones a la ley».
Se prevé que los resultados de los estudios se conozcan en 15 o 45 días, pero Carlotto añadió que «se interpondrán los recursos legales para garantizar que, de una vez por todas, se realice una investigación eficaz e independiente» para determinar si Felipe y Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos.
Si se comprobara que Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos, la Justicia, sólo entonces, empezará a investigar quién los secuestró, quién los entregó y si la dueña de Clarín sabía que la adopción era ilegal.
Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado devolverle la identidad a entre 100 y 400 hijos de detenidos – desaparecidos.
Se definen como una organización no gubernamental que se encarga de localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más esto nunca más se repita.
La cantidad de secuestros de niños y de jóvenes embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas, la existencia de listas de familias de militares en «espera» de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones de los mismos militares demuestran que existió un plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos sino también un plan sistemático de apropiación de niños.
Los niños robados como «botín de guerra» fueron inscriptos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre N.N. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad.