Oscar Laborde*
El domingo, Honduras y Uruguay elegirán al nuevo presidente de la nación y en diciembre ocurrirá una situación similar con Bolivia.
Sin embargo estamos frente a procesos, cuya matriz política, es de muy diversa índole.
Uruguay efectiviza una segunda vuelta electoral entre José Mujica del Frente Amplio y Alberto Lacalle del Partido Blanco.
Evo Morales, por su lado, busca su reelección el próximo 6 de diciembre.
Mecanismos constitucionales, en definitiva, que está garantizando, con las particularidades de cada país, la participación popular y la libre decisión de los ciudadanos.
Frases que sonarían formales y repetidas hasta el hartazgo sino hubiese ocurrido el golpe de estado en Honduras.
Podemos afirmar, ya sin lugar a dudas, que este país centroamericano se ha transformado en una “experiencia piloto”, en donde el manejo de la derecha latinoamericana, las fuerzas armadas y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han confluido, primero para derrocar al presidente Miguel Zelaya y luego para dilatar su reposición en el mando.
Entre marchas y contramarchas, están tratando de dar legitimidad a la convocatoria electoral.
La mayoría de los gobiernos de la región han tenido un rol decididamente activo para defender el proceso democrático en dicho país. Desde la presencia de nuestra presidenta Cristina Kirchner y del canciller Jorge Taina, hasta la decisión del primer mandatario brasileño Lula Da Silva al permitir que Zelaya se aloje en su embajada.
Mientras España ya informó que no enviará observadores, un conjunto muy importante de países continúa emitiendo comunicados dejando en claro que no reconocerán al gobierno electo. Guatemala y Ecuador lo han hecho en las últimas veinticuatro horas.
Como dato que muestra el juego de intereses y la conexión entre los distintos grupos económicos, en el momento en que el canciller guatemalteco Haroldo Rodas hacia pública esa decisión, la cúpula empresarial integrada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) de Guatemala aceptaba participar como observadores de los comicios.
Lo que sucede en Honduras no es, por lo tanto, una situación particular, con causas que se reconocen sólo en temas internos, tiene una dimensión mucho más profunda y trágica y son funcionales a la misma las recientes declaraciones del Secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Arturo Valenzuela quien dijo que reconocerán al nuevo gobierno “ si los comicios cumplen o no con los estándares internacionales», con lo que dejó en claro que tomarán una decisión definitiva, sobre la postura que adoptarán al respecto, después de que los hondureños hayan depositado su voto en las urnas.
Con esta sutileza semántica, y sin más trámites, el golpe de estado quedará de esta forma avalado y por lo tanto en este marco es imprescindible revalorizar el esfuerzo y la decisión política de muchos gobiernos de la región y poner en contexto las últimas declaraciones de Miguel Zelaya quien expresó claramente esta realidad:
«Alimentar este golpe de Estado pone en riesgo la seguridad democrática del hemisferio americano y la estabilidad de los presidentes de América, con el surgimiento de las castas militares sobre la autoridad civil. Legitimar los golpe de Estado por medio de procesos electorales espurios divide y no contribuye a la unidad de las naciones de América».
Frente a la crudeza del escenario trazado, se levantan numerosos ejemplos que demuestran la vocación democrática de los diversos sectores políticos de cada país, aún de aquellos que vienen de largos enfrentamientos históricos. El caso mas concreto es el del El Salvador en donde ARENA, la representación política de la derecha en esa nación, reconoció el triunfo de Mauricio Funes, el candidato del Frente Farabundo Martí, o en Panamá donde la candidata de la izquierda aceptó el triunfo del empresario Ricardo Martinelli.
A ningún uruguayo se le ocurriría imaginar que, cualquiera sea el resultado de las elecciones, el sector derrotado alentará un quiebre del orden constitucional.
Un mismo acto electoral, dos valorizaciones distintas de la importancia del sistema democrático.
*Embajador Representante Especial para la Integración y la Participación Social de la Cancillería Argentina