Los despidos fueron ordenados por el gobernador de la isla, Luis Fortuño, amparado en el estatuto adoptado este año titulado Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico.
A la ley se le conoce popularmente como la «Ley 7», con ésta se suspendió los derechos de los empleados públicos a la negociación colectiva y ordenó reducciones generales del presupuesto en un total de dos billones de dólares, lo que significa un 20 por ciento.
Este jueves tendrá lugar una marcha que partirá del Capitolio, sede del Legislativo, para finalizar ante la residencia oficial del gobernador, La Fortaleza (noreste), con la que se pretende expresar el descontento del pueblo contra sus políticas laborales.
Al día siguiente, al que se ha denominado el «viernes de la infamia», porque es el día en el que asistirán los 17 mil despedidos con los que Fortuño espera reducir el déficit público, se efectuará una gran manifestación en el centro de San Juan.
El obispo exhortó a los puertorriqueños a que ese día toquen bocinas, porten un distintivo negro en sus ropas en señal de rechazo a los despidos y participen en una serie de actos de desobediencia civil pacíficos para denunciar la insensibilidad que se ha apoderado del Ejecutivo.
En cuanto a la posibilidad de alcanzar algún acuerdo final con el Gobierno, indicó que la coalición ha sido rechazada en la mesa de negociación de forma sistemática por parte de Fortuño.
La falta de trabajadores es ya evidente en muchas agencias gubernamentales, en especial en departamentos que dan servicio directo a los ciudadanos.
El pasado 15 de octubre, convocada por los sindicatos, se efectuó en Puerto Rico una huelga general contra los planes del Ejecutivo. Durante los últimos 12 meses, 89 mil empleos han desaparecido en el sector privado. Se espera que hasta 30 mil trabajadores públicos perderán sus empleos ya que el gobierno de Fortuño ha revelado planes para eliminar hasta 40 agencias públicas por medio de fusiones, privatizaciones y cierres irreversibles.
La tasa de participación en el mercado de mano de obra de la isla ha disminuido en un 36,5 por ciento. Se ha reportado que la cantidad de puertorriqueños que deciden mudarse a Estados Unidos va aumentando, y se calcula que 70 mil abandonarán la isla este mismo año.
El plan de Fortuño consiste en reducir drásticamente el déficit fiscal de Puerto Rico que es de 3,2 billones de dólares y así prevenir a las agencias de Wall Street (que califican la solvencia de entidades financieras) de bajar de categoría los bonos del gobierno y convertirlos en «bonos basura».
El sector público abarca el 25 por ciento de todos los empleos en Puerto Rico, donde la tasa del desocupación oficial es más del 15 por ciento. Se espera que los despidos en masa empeoren una recesión de cuatro años de duración y que empujen la tasa de desempleo a más del 17 por ciento.