Inicialmente, Obama había declarado «ilegal» el «golpe de Estado», y junto con la Organización de Estados Americanos había rechazado, entre titubeos y señales contradictorias, la legitimidad del gobierno de facto y exigió la restitución del gobierno constitucional. Al frustrarse las negociaciones mediadas por Óscar Arias, Estados Unidos amenazó, a la par del resto del hemisferio, con no reconocer los resultados de las elecciones del 29 de noviembre.
Pero esta posición cambió a partir del 30 de octubre, cuando después de intensas negociaciones con enviados del Departamento de Estado, se proclamó un acuerdo entre el gobierno de facto de Roberto Micheletti y el presidente constitucional Manuel Zelaya. A pesar de que el gobierno golpista no cumplió el acuerdo, pocos días después el gobierno de Obama declaró que reconocería los resultados de las elecciones si éstas son calificadas de «imparciales», aun sin la reinstalación de Zelaya.
La actual postura estadunidense fue expresada esta semana por el recién instalado secretario adjunto de Estado, Arturo Valenzuela, en una sesión a puerta cerrada del Consejo Permanente de la OEA. Aunque recordó que “Estados Unidos, junto con el resto de los estados miembros, emitió un veredicto unánime al considerar que el presidente debidamente elegido en Honduras… fue derrocado de su cargo en un golpe de Estado”, afirmó que la solución a la crisis, bajo lo estipulado por el acuerdo del 30 de octubre, es proceder con las elecciones.
Sin embargo, Valenzuela condicionó la realización del proceso al aclarar que «si bien una elección realizada de manera compatible con las normas internacionales es una condición necesaria para que Honduras vuelva a ser miembro de la OEA, no es una condición suficiente… Para que eso ocurra, las partes en Honduras deben aplicar plenamente los acuerdos de Tegucigalpa y San José. Esto significa que se ha de constituir un gobierno de unidad nacional que represente a todos los sectores de la sociedad y del Congreso. A su vez, el Legislativo debe votar con toda prontitud la restitución del presidente Zelaya».
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Marcha de apoyo al proceso electoral en HondurasFoto Ap
Pero en ningún momento exige la reinstalación del presidente constitucional como condición.
Valenzuela justificó el proceso electoral como mecanismo legítimo que «se atiene al calendario electoral normal que estipula la Constitución hondureña, y había estado en camino varios meses antes del golpe». Subrayó que “ésta no es una elección inventada por un gobierno de facto en busca de una estrategia de salida, ni una manera de esconder un golpe de Estado”, sino un proceso que «permite que el pueblo hondureño ejerza su voluntad soberana».
A la vez, reconoció que «nos preocupan los informes de violaciones de derechos humanos y esfuerzos deliberados de incitar a la violencia y el enfrentamiento en ambos lados políticos de Honduras y que podrían afectar el proceso electoral». Por lo tanto, afirmó que «recurriremos a los observadores internacionales de la sociedad civil y a nuestros propios observadores para determinar si las elecciones han cumplido con las normas internacionales».
El Departamento de Estado está financiando misiones de observación electoral del Instituto Republicano Internacional (IRI) y por su contraparte el Instituto Democrático Nacional, ambas vinculadas al Fondo Nacional para la Democracia. Algunos críticos acusan que el IRI en particular fue inmiscuido en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela.
Por otra parte, este miércoles unas 175 mujeres defensoras de derechos humanos y feministas, incluidas tres premios Nobel de la Paz, enviaron una carta abierta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, instándole a condenar las violaciones de derechos humanos en Honduras. Con base en lo documentado por organizaciones de derechos humanos, escriben que “el régimen de facto ha participado en una campaña sistemática de intimidación, abuso físico y sexual, además de tortura. Cada vez más, las mujeres han sido el blanco de esta campaña. Le instamos a condenar la violencia desatada contra la gente de Honduras, y en particular contra las mujeres hondureñas”.
Agregan que “fue la ruptura del orden democrático en el país lo que dio lugar a la crisis actual en derechos humanos de las mujeres en Honduras. Por lo tanto, solamente el retorno del gobierno constitucional puede parar el rápido deterioro de los derechos de la mujer. Unas elecciones precipitadas e improvisadas –sin la participación completa de la sociedad hondureña, el reconocimiento internacional o el restablecimiento del presidente constitucional– no pueden ser consideradas libres ni justas, y no garantizan una vuelta al Estado de derecho”.