El escándalo fue desatado por la denuncia de un diputado aliado, el conservador Roberto Jefferson, del Partido Laborista Brasileño (PTB), quien aseguró que su agrupación recibió pagos mensuales del PT a través de una red ilegal operada por el empresario Marcos Valerio, a cambio de apoyar el gobierno en votaciones del Congreso.
Lula negó el pago de sobornos, y reveló que, en la época, fue informado por una fuente de que la oposición deseaba abrir un juicio político en su contra.
Por otra parte, Lula admitió que es mala su relación política con su antecesor, el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, y aseguró que el ex presidente le tiene «envidia», y que no acepta que un «obrero» haya realizado un gobierno mejor que el suyo.