Tegucigalpa, 29 nov 2009 – «Las elecciones generales en un Estado de facto, sin que previamente se haya restaurado la democracia y el Estado de Derecho, son una aberración jurídica, una burla y un engaño al pueblo», advirtió el presidente constitucional Manuel Zelaya.
Zelaya fue secuestrado en su residencia el pasado 28 de junio por militares encapuchados, que lo llevaron a la base militar de Palmerola y luego a Costa Rica.
«La cúpula de las Fuerzas Armadas me ha traicionado», denunció el mandatario, quien responsabilizó con el cuartelazo a una élite muy voraz, con mucho control en el Congreso, la cual maneja política y económicamente el país.
El 30 de octubre último fue firmado un acuerdo para resolver la crisis, pero el pacto fracasó por las maniobras dilatorias del Congreso para restituir al presidente y la intención del jefe del régimen, Roberto Micheletti, de encabezar un gobierno de unidad nacional.
Bajo estas condiciones, los hondureños están llamados este domingo a acudir a las urnas para elegir a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados, 298 alcaldes y vicealcaldes y dos mil concejales municipales.
Cinco candidatos aspiran a la primera magistratura: Porfirio Lobo, del Partido Nacional; Elvin Santos, del Liberal; Felícito Ávila, de la Democracia Cristiana; Bernard Martínez, de Innovación y Unidad Socialdemócrata; y César Ham, de Unificación Democrática.
Mientras, el candidato independiente, Carlos H. Reyes, renunció a participar en la farsa para no legalizar el golpe de Estado.
«No podemos acudir a las urnas mientras no se restituya a Zelaya», dijo Reyes.
Varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, anunciaron su desconocimiento al proceso ilegal.
«América Latina tiene experiencias de sobra de golpistas que usurparon el poder rompiendo los principios democráticos, y si aceptamos eso, puede ocurrir lo mismo en otro país mañana», dijo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Para el jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, el hecho de que en la región tengan lugar en pleno siglo XXI golpes de Estado de la manera más salvaje, similares a los de hace tres o cuatro décadas, es muy peligroso y preocupante.
¿Cómo pueden celebrarse elecciones democráticas con los militares en la calle, en un país sitiado?, se preguntó el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, y afirmó que los países latinoamericanos libres no reconocerán esos comicios.
Un total de 31 mil soldados y policías, e incluso grupos paramilitares, equipados con modernos aparatos de represión, fueron desplegados en todo el territorio con motivo de las votaciones.
Hasta el momento sólo Estados Unidos, Panamá, Perú y Costa Rica han manifestado su disposición a validar las elecciones.
Mientras, la ONU, el Grupo de Río, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y otros mecanismos manifestaron su desconocimiento a ese proceso.
El Frente Nacional contra el golpe de Estado en Honduras, que agrupa a una vasta gama de organizaciones populares, llamó a la ciudadanía a no participar y permanecer en sus casas desde las 06:00 hasta las 18:00 hora local.
«Es un toque de queda popular en protesta por el fraude montado por los golpistas», dijo Rafael Alegría, uno de los líderes de la resistencia.
La dictadura aspira, a través de elecciones, terminar la crisis creada por la asonada. «De ser así, la magia de los comicios probará ser la piedra filosofal de los golpes de Estado para justificarse y transmutarse en democracia», alerta el diario Tiempo.
Para la región, constituye un mal precedente el hecho de que los autores del cuartelazo, sin recomponer el orden quebrado por ellos mismos ni efectuar una nueva constituyente, pretendan revertir el golpe a través de la convocatoria a elecciones espurias.