Las declaraciones del dirigente sindical metalúrgico Belén, que por si fuera poco es también Secretario adjunto de la CGT, impactaron en el mundo sindical y político. No es para menos, retrotrae a épocas que el imaginario colectivo creía superadas. En una visión benévola puede pensarse que han sido espontáneas, pero las repitió dos y hasta tres días después, y por otra parte no puede obviarse que ese tipo de caracterizaciones forman parte del acervo político-cultural histórico de la burocracia sindical peronista de casi siempre.
El conflicto de los trabajadores del subte resultó el precipitador de la reacción, pero sin dudas hay algo más detrás de esto.
El caso del subte
A lo largo de los últimos años un recambio generacional coincidió con una renovación del cuerpo de delegados en subterráneos, que triunfaron en sucesivas elecciones internas donde la participación de los trabajadores era masiva y de creciente apoyo a quienes sostenían una línea independiente del sindicato oficial. Los nuevos delegados instalaron formas de participación y resolución orientadas a la democratización de la toma de decisiones, incorporaron prácticas asamblearias y otras formas de consulta a las bases, con las que lograron conquistas sociales significativas. Hoy su representatividad es incuestionable.
Así lo han reconocido numerosas veces el Ministerio de Trabajo y la propia Metrovías, negociando directamente con ellos sin participación del sindicato oficial. Esta situación no podía menos que crear conflictos con una directiva formada en las peores prácticas burocrático-autoritarias del modelo sindical argentino. A mediados de diciembre pasado la UTA organizó la elección de delegados modificando los criterios democráticos y convocándolas con escaso tiempo de antelación. Los delegados llamaron a boicotear esas elecciones amañadas. Resultado: la abstención llegó al 93%, y los trabajadores de base no reconocen a los delegados burocráticos elegidos con el voto de casi nadie.
Así planteadas las cosas los “metrodelegados” llegaron a la conclusión que ya no tenían espacio, que para defender sus logros y no retroceder en su concepción de un sindicalismo democrático y participativo debían tener su propia organización. Presentaron en tiempo y forma legal su pedido de reconocimiento formal para la “Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro”, se apoyan en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, en el convenio 98 de la OIT y en un reciente fallo de la Corte Suprema sobre libertad de afiliación sindical. Sin embargo, lo que es un simple trámite administrativo ha sido rechazado tres veces por el Ministerio de Trabajo, obviamente presionado por la UTA y la propia CGT en alianza con la empresa Metrovías. Así las cosas los paros son casi inevitables.
Pero no es sólo el subte
Según un reciente artículo del departamento jurídico de la CTA son varios miles las asociaciones gremiales que están reclamando su derecho al status de “simplemente inscriptas” que les otorga la legislación vigente, y por el cual pueden elegir delegados y tener tutela sindical, lo mismo que, como primer paso, reclaman los trabajadores del subte con su AGTSyP. Se comprende así porqué la embestida contra la “zurda loca”, que engloba también a la CTA y ¡la vincula con la Cuarta Internacional!!!, organización de reconocida raíz trostkista. Es que la central alternativa es la principal impulsora de nuevos sindicatos. Pero no sólo eso, Belén se dirigió “…a todos los poderes, a todos” en una clara advertencia al gobierno nacional y a los poderes judicial y legislativo.
Sus dichos replicaron en “la pesada de la UTA” que provocativamente coreaban en las estaciones del subte “…son los zurdos que no quieren trabajar” y fueron acompañados por varios de los dirigentes llamados “gordos” y por toda la dirección de la CGT. Una defensa corporativa de la desprestigiada dirigencia sindical, cuyo poder se asienta en el sindicato único por rama de actividad. Pero es también una reacción producto de su incapacidad de dar respuesta a los problemas que plantea la crisis y frente a la cual aparece cada vez más alejada de los intereses concretos de los trabajadores, como lo demuestra su actitud en el conflicto de Kraft, pero no sólo en éste.
En este sentido el acto, convocado supuestamente en defensa de la institucionalidad democrática y del gobierno, encerraba en realidad un acto contra los propios trabajadores, contra las tendencias clasistas y antiburocráticas que están surgiendo en numerosas fábricas y lugares de trabajo, como contrapartida del extrañamiento y el desinterés de los dirigentes sindicales históricos. El rápido levantamiento del acto, por expreso pedido de la Presidenta de la Nación, puso en evidencia que el referente de esta dirigencia sindical no es el movimiento obrero, no son sus afiliados, sino el aparato estatal y la voluntad presidencial.
Un futuro conflictivo
Pero es también una actitud preventiva frente a lo que se ven venir frente al alerta dado por la crema de la dirigencia empresarial en el reciente Coloquio de IDEA en Mar del Plata. La principal conclusión del evento fue “…lo peor de la crisis ya pasó pero el problema son ahora los costos laborales”. Preparan así el terreno para su salida clásica: aumentar la productividad del trabajo. Los empresarios ya no ponen en el centro de sus exigencias mayores prebendas impositivas para invertir, tampoco devaluación, sí mantener congeladas las paritarias y seguir disponiendo a voluntad de la fuerza de trabajo (entiéndase menores salarios, extensión de la jornada, mayor intensidad del trabajo, reducción de las plantillas y de la masa salarial.
Uno de los principales empresarios asistentes al evento respondió ante una pregunta sobre la futura evolución de los precios “…la inflación está bajando, pero estamos en el 12 ó 14%, esto en un año recesivo si el año entrante crecemos al 3% la inflación va a crecer”, para concluir “Vemos un futuro de mayor conflictividad social”.
En su propio laberinto
En privado funcionarios reconocen que la ley les da la razón a los delegados y a la CTA pero, argumentan, el gobierno no puede hacerla cumplir porque eso abriría una crisis con la CGT que no estamos en condiciones de afrontar.
Por su parte la dirigencia de la CGT está embretada: por el gobierno, que se cobra con el compromiso de mantener la paz social; por el empresariado, del cual por lo general son socios, que busca incrementar la explotación del trabajo y por las bases obreras que ya comienzan a protestar por el deterioro de sus salarios y que resisten despidos, suspensiones y cambios en las condiciones laborales.
En este cuadro de situación las declaraciones de marras no son sólo expresión de un pasado que no pasa, sino también una seria advertencia acerca de cómo se preparan estos dirigentes a perpetuidad para un futuro que ya llegó.
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Eduardo Lucita es Integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda.