A principios de este año, el hijo de Hugo del Carril pidió que el kirchnerismo se abstuviera de utilizar la versión de la marcha grabada por su padre en 1949 porque consideraba que Kirchner “no era peronista”. Se salió con la suya gracias a un fallo judicial, aunque por entonces las leyes indicaban que ese registro estaba bajo dominio público. El miércoles, en otro capítulo paradójico, los diputados del oficialismo –junto a prácticamente todas las fuerzas políticas del Congreso– aprobaron sobre tablas una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual que extiende de cincuenta a setenta años los derechos de intérpretes y productores sobre los fonogramas. Por lo tanto “Hugo junior” será propietario del famoso tema hasta 2019: habrá que pedirle autorización o pagarle para poder pasarlo. Y el dato indignará a algunos o arrancará sonrisas irónicas en otros, pero lo cierto es que representa sólo la arista más vistosa de una medida que varios sectores no han dudado en cuestionar muy duramente.
¿Y qué es un fonograma? Es una “fijación de sonido en soportes que permiten su reproducción”; es decir, en un disco, una cinta, un CD, etcétera. La flamante normativa –que pasó por la Cámara baja y el Senado con la fugacidad de una semicorchea– provocará que esos materiales, en lugar de liberarse al cumplir medio siglo de existencia, permanezcan dos décadas más en el ámbito privado. Entre los trabajos afectados hay joyas de Aníbal Troilo, Edmundo Rivero y Atahualpa Yupanqui, entre otros. ¿Los motivos? En la argumentación de los senadores Miguel Angel Pichetto (FPV Río Negro), José Pampuro (FPV Buenos Aires), Ernesto Sanz (UCR Mendoza), Pedro Guastavino (FPV Entre Ríos) y Liliana Fellner (FPV Jujuy) se explicita que “la producción cultural musical y nacional de los ’40 y los ’50 se encuentran seriamente amenazadas (sic) en los actuales términos de protección”. Por ende, la posibilidad de que cualquiera copie, distribuya o reutilice ese acervo es interpretada como el peor de los males. En respuesta varios referentes del movimiento por la Cultura Libre redactaron una carta en la que se acusa a los legisladores de estar entendiendo la propiedad común como “tierra de nadie” cuando en realidad es “el espacio donde no se puede impedir a otros el acceso a la cultura, independientemente de que se pueda pagar o no por ella”.
Desde luego, los que defienden la nueva ley 11.723 no les llevan el apunte a esos “detalles”. Es más: aseguran que ayudará a los artistas. Si se mira con cuidado, sin embargo, resulta evidente que quienes sacarán mayores dividendos a partir del cambio van a ser las grandes compañías. El diputado Eduardo Macaluse, del Espacio Solidaridad e Igualdad (SI), integró junto a su compañera de banca María América González y a Ariel Osvaldo Pasini (FPV) el solitario trío que se opuso a los 139 votos por la positiva. El parlamentario subrayó que “la propiedad intelectual debe servir para defender al artista y su familia, pero esta prórroga significa que el pueblo deberá asumir un costo adicional por acceder a esos bienes”. “Encima, buena parte de los intérpretes aludidos no percibirá ningún beneficio. ¿Qué beneficio van a percibir, si después de setenta años la gran mayoría ya falleció?”
El artículo que se insertó estipula además que los fonogramas que hoy se encuentran en el dominio público sin que hayan transcurrido setenta años desde su publicación “volverán automáticamente al dominio privado por el espacio que reste”. Con esto no sólo se “privatiza” un corpus enorme, sino que se pone bajo la lupa a un amplio conjunto de canciones donde se incluyeron o recombinaron registros viejos, como sucede en los remixes. Nada de esto pareció alterar mucho al gremio artístico, que en general mantuvo un silencio cercano al consentimiento. En contraste, Matías Lennie –director del proyecto de música colaborativa RedPanal– observó que lo que se está haciendo es negar la nueva época. “Si creaste un tema utilizando trozos de una zamba que ya tenía más de cincuenta años, desde ahora vas a tener que pagar regalías al ‘dueño’, o guardar eso que hiciste en el placard –afirmó–. Por otro lado, las discográficas dicen proteger la cultura pero en lo concreto pretenden quedarse con las ganancias potenciales de los fonogramas. Ya hemos visto que si evalúan que no es negocio reeditarlos, se los encanutan. ¿Quién nos garantiza que vayan a sacar los discos del Cuchi Leguizamón si eso no les reporta ganancias?”
En cuanto a la “marchita” –cuyo estribillo, dicho sea de paso, se basa en un motivo anónimo que usaban las murgas–, aún se puede escucharla en Wikipedia ingresando a http://es.wikime dia.org/wiki/Marcha_Peronista. Hay que apurarse, dado que en pocos días ya no estará. Y lo mismo ocurrirá con otros audios, ya que numerosísimas grabaciones que estaban publicadas gratuitamente y con fines educativos deberán ser retiradas para no caer en la ilegalidad. Wikimedia Argentina, el organismo que patrocina a la enciclopedia online, salió al cruce a través de su presidente, Patricio Lorente: “Esta es una medida reaccionaria que sólo favorece a intermediarios de la cultura –recalcó el directivo–. Por ejemplo, a Sony, que lanzará al mercado una reedición del primer disco de Mercedes Sosa, La voz de la zafra (de 1961), aprovechando la consternación popular que ha provocado su fallecimiento como principal argumento de marketing”. Lorente también se despachó contra el oficialismo, que habría sido el impulsor de la medida: “Esta extensión de los monopolios de explotación de la cultura y el arte va a contramano de todo discurso progresista y contradice todos los conceptos que fundamentaron la reciente movida del ‘fútbol para todos’”, señaló.