Tres meses atrás un grupo de comunidades del principal pueblo indígena de Chile, reunidas en la llamada Alianza Territorial Mapuche, lanzó un proceso de recuperación territorial mediante la ocupación ilegal de predios privados que reclaman como propios en la región de La Araucanía, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, lo cual generó continuos enfrentamientos con la policía.
Asimismo, se han registrado atentados contra la propiedad pública y privada, entre los que se incluye la quema de camiones que transportan madera, la mayoría de los cuales han sido adjudicados por la radicalizada organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
«Hacemos un llamado a parar la violencia que involucra a los niños, de cualquier lado que venga», declaró Stahl al término de un encuentro que sostuvo con la portavoz de gobierno, Carolina Tohá, la ministra de Planificación, Paula Quintana, y el ministro secretario general de la Presidencia y coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo.
La semana pasada, una delegación de mapuches visitó la sede de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en Santiago para denunciar los atropellos que aseguran son cometidos constantemente por policías contra niños, niñas y adolescentes en los allanamientos a comunidades sospechosas de haber participado en delitos investigados por la justicia.
Consultado sobre la posibilidad de que la policía esté violando la Convención de los Derechos del Niño en La Araucanía, el representante de Unicef señaló que «algunas declaraciones que hemos recibido» plantean eso.
«El problema es que no hemos visto ninguna investigación imparcial para saber exactamente qué ha pasado», enfatizó Stahl.
«Unicef hace un llamado al gobierno y todas las partes del conflicto para buscar mejorar las instancias de denuncia, porque si hay gente que tiene miedo de hacer la denuncia no puede haber una investigación. Y si no hay una investigación no podemos saber cuáles son los hechos y tenemos versiones totalmente encontradas», indicó.
Stahl informó que trabajarán «a nivel técnico con el gobierno para buscar una instancia mejorada de investigación cuando ocurran estos eventos».
Desde hace más de dos años Unicef, en colaboración con otras instituciones, capacita a los efectivos de Carabineros (policía militarizada) de La Araucanía sobre los derechos de la infancia. «Pero no necesariamente a todos los que vienen a la zona» a reforzar el trabajo policial, aclaró.
Las comunidades han denunciado, por ejemplo, que un niño de 14 años que recolectaba hierbas para el machi (curandero) de la comunidad de Rofue fue subido a un helicóptero de la policía y amenazado con ser lanzado al vacío si no entregaba información.
En un comunicado, la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, aseguró que el 16 de este mes «un numeroso grupo de policías, por motivos aún no aclarados, empezó a disparar balines y bombas lacrimógenas» en una escuela de Temucuicui en La Auraucanía, hecho que dejó numerosos heridos con balines y con síntomas de asfixia.
Otro hecho que preocupa es el de un joven mapuche de 17 años que habría sido herido de bala en un enfrentamiento con carabineros la madrugada del martes 20. El comunero no ha asistido a los servicios de salud por temor a represalias, por lo que se desconoce su estado.
Ante ello, el senador del izquierdista Movimiento Amplio Social y ex candidato presidencial, Alejandro Navarro, viajó el 22 de este mes a Buenos Aires para solicitar a representantes de la Cruz Roja Internacional el envío de una delegación a la zona del conflicto. Esto sería efectivo en las próximas semanas, aseguró Navarro.
Luego del encuentro con Stahl, la ministra Quintana aseguró que el gobierno «va a tomar todas las medidas necesarias para que la integridad física y sicológica de los niños pueda ser salvaguardada».
Quintana destacó la decisión del alto mando de Carabineros de dar de baja a un efectivo que golpeó brutalmente a un comunero que ya había sido neutralizado, luego de que Canal 13 emitiera las imágenes del hecho.
Pero la tensión no cede. Para las comunidades no fue suficiente el anuncio hecho por el ministro Viera-Gallo el 9 de este mes respecto de que el gobierno espera terminar en 2010 la compra de casi 30.000 hectáreas de terreno para 115 comunidades mapuches, lo cual tendrá un costo de cerca de 181 millones de dólares.
El viernes pasado se realizó una multitudinaria marcha en Temuco, capital de la región de La Araucanía, donde mapuches y no mapuches protestaron por la militarización de las comunidades y la excesiva violencia ejercida por la policía.
Sólo en dos provincias de La Araucanía (Malleco y Cautín) unos 90 predios cuentan con protección policial permanente, según informó el domingo el diario La Tercera.
Para contener la violencia, el gobierno de Bachelet ha optado por invocar la severísima ley antiterrorista, dictada por la dictadura del hoy fallecido general Augusto Pinochet (1973-1990), la cual ha sido cuestionada por diversos organismos de derechos humanos.
Este lunes, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, confirmó que se encontraron «elementos preocupantes» en los violentos allanamientos que tuvieron lugar el domingo en diversas comunidades, entre ellos municiones para fusiles M-16, escopetas s y mechas de explosivos.
«Lo que creemos nosotros es que solamente son montajes políticos. Esto lo está preparando no la policía común y corriente sino que el servicio de inteligencia», dijo Mijael Carbone, uno de los portavoces de la Alianza Territorial Mapuche.
«Aquí hay un atropello flagrante de los derechos de las personas, de los derechos del pueblo mapuche», declaró el sacerdote católico Fernando Díaz, coordinador de la Comisión Pastoral Mapuche Zona Sur de la Conferencia Episcopal de Chile.
«(Los policías) entran a las comunidades como si fueran casas de terroristas, golpeando, disparando, realmente están provocando a las comunidades. El clima de tensión en las comunidades en estos momentos es responsabilidad de carabineros y de los fiscales que actúan de una forma desproporcionada», concluyó.