Una de las opiniones más difundidas es que esta ley es un producto de la voluntad arbitraria del gobierno, que pretendería comenzar a manipular la información pública para que todos piensen como el matrimonio K quiere. Pero es necesario detenerse un poco a analizar esta opinión. Es cierto que el gobierno gana promoviendo esta ley y organizando a su tropa (legisladores oficialistas) para que la vote. Pero lo que gana tiene que ver con la recuperación de la iniciativa política, que caracterizó al gobierno durante gran parte de la gestión K. Es decir, el gobierno, derrotado en las últimas elecciones, necesita volver a fortalecer su gestión, y recuperar aliados.
No está necesariamente interesado en promover lo que la ley de medios promueve, es decir, democratizar la información, luchar contra los monopolios, facilitar el acceso universal a las nuevas tecnologías, favorecer la participación de las radios comunitarias, de las universidades, de los pueblos originarios en la producción de la comunicación. Y decimos que no lo está porque fue el mismo gobierno el que prorrogó las licencias por 10 años a los grandes grupos que hoy manejan la comunicación audiovisual y radiofónica en el país. Efectivamente, Néstor Kirchner firmó en mayo de 2005 el decreto 527 argumentando que “en virtud de la grave crisis que atravesó el país… los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, fueron uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida lo que provocó situaciones de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas.
Esta medida fue muy objetada. El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, sostuvo que el decreto 527 era una capitulación ya que, a través de él, los grandes grupos económicos tendrían 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. A su vez, desde la Central de los Trabajadores de la Argentina se criticó la extensión de las licencias a los canales de televisión y a “grupos monopólicos que son explotadores de trabajadores, fomentan el trabajo en negro, realizan persecuciones ideológicas, y propician la falta de libertad de expresión”.1
Es decir, no estamos frente a un gobierno que haya mostrado una voluntad coherente con respecto a este tema. Es por eso que debemos tener en cuenta, nuevamente lo afirmamos, que no se trata de una ley del gobierno. Porque el espíritu de la ley se basa en los 21 puntos que fueron elaborados por organizaciones sociales que vienen trabajando hace muchos años para que esta ley se hiciera realidad. Así se formó la Coalición para una Radiodifusión Democrática, integrada por todos los gremios de trabajadores de la Comunicación, la CGT y CTA, los organismos de defensa de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las Universidades Nacionales y sus Carreras de Comunicación o Ciencias de la Información o Periodismo, el movimiento Cooperativo, radios comunitarias y de pequeños y medianas empresas, y numerosos movimientos sociales. Esta coalición se reunió en el 2004 para buscar consensos en torno a una Ley que reclamaba desde la recuperación de la democracia en 1983. Así se acordaron 21 puntos que fueron presentados en agosto de 2004.
Por lo tanto hay que diferenciar: lo que la ley promueve, de lo que el gobierno se propone. Y como consecuencia: la oposición al gobierno de la oposición a la ley. Es decir, podemos ser opositores al gobierno, pero eso no implica que nos tengamos que oponer mecánicamente a la ley, por el hecho de que haya sido promovida por este gobierno.
En caso contrario, correríamos el riesgo de caer en una postura oposicionista, a la que adscriben tan sistemáticamente Lilita Carrió, Mauricio Macri, De Narvaez, Cobos, y gran parte de la UCR. En este sentido es interesante ver quienes fueron los que se opusieron tan visceralmente a la nueva ley. Entre ellos se destacó el grupo Clarín (que posee el monopolio de medios de comunicación más grande de la Argentina, integrando la empresa Artear -que produce y comercializa canal Trece de Buenos Aires y las señales de cable TN, Volver, Magazine y Metro, entre otras- junto con decenas de empresas como editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras, internet, telecomunicaciones, imprentas gráficas, correo tradicional y servicios de tercerización. Fue este grupo el que destinó una campaña feroz en contra de la nueva ley, llamándola ley K, como si se tratase de una ley que le pertenece al matrimonio Kirchner. Indudablemente esta campaña tiene sus causas en el perjuicio que le provoca a su actividad monopólica la sanción y futura implementación de la ley.
Pero hubo también operadores políticos, que actuaron en consonancia con los intereses de estos grandes medios.
La pregunta que nos hacemos es la siguiente: Sabiendo que la ley derogada era una ley obsoleta, impuesta por la última dictadura militar ¿Qué hicieron quienes se opusieron a la nueva ley para que aquella sea transformada? ¿Qué tipo de lobbies? ¿Qué movilizaciones o campañas realizaron para formar una agenda social que se trasformase en algún momento en agenda pública? La respuesta sólo puede formularse por la negativa: nada. Si a esto le sumamos el hecho de que frente a la nueva ley el polvaderal que levantaron fue considerable, debemos pensar mal: les molestaba menos la ley de la dictadura. Es importante entonces, para los que todavía no lo saben bien, recordar algunas de las diferencias que separan ambas leyes.
La anterior ley (22.285) que llevaba las firmas del ex dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, admitía restricciones a la libertad de expresión, basadas en las necesidades de seguridad nacional. Todos sabemos como interpretó el poder de facto estas necesidades y cuántos periodistas y comunicadores terminaron siendo amordazados, apresados y asesinados, por causa de dicha interpretación. El problema de una ley que restrinja el derecho a la libertad de expresión por motivos de “seguridad nacional” es determinar qué se entiende por dicho término, ya que el mismo puede prestarse a ambigüedad. Esto abre una brecha para cualquier poder de turno que quiera aplicar mordazas a la prensa.
Por el contrario, la nueva ley garantiza el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión, como lo prevé el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos. Esto implica el derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones. Cabe aclarar, por lo demás, que los tratados de Derechos Humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta.
La ley de la dictadura preveía que el organismo que regulara la Radio y la TV estuviera integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
Por el contrario, el organismo que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual en la nueva ley estará dirigido por un órgano colegiado, integrado por representantes de la legislatura nacional (de la segunda y tercera minoría) y representantes del Poder Ejecutivo Nacional.
En la ley de la dictadura la radiodifusión sólo se podía ejercer como actividad con fines de lucro. Recién en el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones. Con lo cual miles de radios comunitarias, ancladas en los barrios marginales, que militaban por proyectos de transformación social, se encontraban con dificultades para sostenerse.
La nueva ley de radiodifusión les permite el acceso a esas entidades sin fines de lucro, reservando, con carácter inderogable, el 33% del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales, etc.
La antigua ley admitía los monopolios y los oligopolios. Entre otras cosas, permitía que una sola persona fuera titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y TV).
El Estado tenía una participación subsidiaria, ya que sólo podía dar servicio en áreas geográficas no rentables para los privados. Es decir, se trataba de una ley pensada para un régimen que le estaba abriendo las puertas al neoliberalismo, doctrina que destraba los mecanismos que protegen a los pequeños actores dentro de la economía nacional y les brinda posibilidades de crecimiento a los grandes agentes. De esta forma se constituyen o se fortalecen los monopolios. Si el Estado, como lo preveía la antigua ley, debía tener una presencia subsidiaria, los servicios de comunicación audiovisual quedan entonces en propiedad de los grupos privados, cuyo interés es vender la noticia, para lo cual recurren a cualquier tipo de estrategia. Sangre, violencia, noticieros amarillistas, pornografía en horarios de protección al menor, un collage de imágenes difíciles de decodificar para la gran mayoría de los niños argentinos que pasan gran parte de su día enfrente de un televisor. Esos niños se educan bajo esa televisión, y son los que el día de mañana irán a votar influenciados por las líneas editoriales de los principales diarios y noticieros del país. Quiero decir, que los monopolios y oligopolios uniformizan las conciencias, ya que la noticia bajo un aparente halo de diversidad, termina siempre teniendo el mismo sustrato, la misma tendencia de fondo, la misma intencionalidad.
Es por eso que para que una democracia funcione, deberá existir pluralismo en los medios de comunicación. A su vez el Estado deberá cumplir un rol esencial en la comunicación, no sólo en la función de regulación sino en la de producción. Esta es la única manera de que los medios dejen de intentar vender una noticia a cualquier precio y comiencen a operar con una lógica menos comercial y más educativa, como ocurre hoy con canal 7, que -aunque le podríamos cuestionar muchas cosas- destina una parte importante de su programación al área educativa (uno de los mejores ejemplos de ello lo constituye el canal encuentro).
La nueva ley impide la formación de monopolios y oligopolios (una persona no puede tener más que 10 licencias de servicios abiertos), a la vez que promueve el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual. El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Municipios tendrán asignadas frecuencias.
Existen opiniones “liberalizantes” que ponen el acento en el peligro que supone el hecho de que el Estado tenga participación en los servicios de radiodifusión. Se producirá una “chavización” de la Argentina, suelen decirnos. Habría que ver que significa esa frase, y en todo caso, cómo interpretan esas voces lo que hoy se esta produciendo en Venezuela. Pero estrictamente, hablando de Argentina, nada nos debe hacer temer: la nueva ley prevé diferentes controles para que el poder ejecutivo no termine manipulando la voluntad de los medios. Por empezar el organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Además se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por representantes de las Universidades, de las Asociaciones sin fines de lucro, de los trabajadores del sector, etc.
A su vez, para evaluar el funcionamiento de la Autoridad de Aplicación estará previsto el control del Congreso de la Nación. Para ello se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Promoción de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por lo tanto, tenemos ciertos mecanismos institucionales como para confiar en que la nueva ley podrá superar ampliamente a la anterior. Lo que resta es ver como se implementará, quienes son las personas que estarán a cargo de su aplicación, lo cual necesariamente remite a la idea de democracia. Funcionarios del poder ejecutivo, legisladores, miembros de la sociedad civil, serán los encargados de llevar esto adelante. Habrá que estar atentos: no vaya a ser que el espíritu de la ley termine desdibujándose por una mala implementación. Pero ese ya no es un problema de la ley.