Un viejo proverbio dice que «guerra avisada no mata soldado», pero los gobernantes mexicanos, por más que se les alertó, continuaron adelante con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el cual ha impulsado la desigualdad y la pobreza del pueblo.

En diciembre de 1992 el presidente Carlos Salinas de Gortari firmó el TLCAN, (integrado además por Estados Unidos y Canadá), que entró en vigor en enero de 1994, y los sucesivos mandatarios Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón siguieron impulsándolo.

Dos entidades apologéticas del TLCAN como el Grupo de Diarios América (GDA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrecieron un panorama desalentador para México al puntualizar que la economía retrocederá este año en 7,2 % con respecto a 2008.

Pero lo más significativo es que los dos entes agregaron que el país está pagando con creces su dependencia del comercio con Estados Unidos, que se desplomó a raíz de la recesión que enfrenta.

Mientras el FMI agrega que otro de los factores fue la caída en los ingresos por las exportaciones de petróleo, que conllevó a un deterioro drástico en los balances fiscales, el GDA apunta que en los primeros siete meses del año el gasto total en inversión física ascendió a 20 700 millones de dólares, la mitad de lo previsto inicialmente.

Por su parte, el Banco Mundial (BM) informó de que la recesión económica sumió este año en la pobreza a otros 4,5 millones de personas, adicionales a los casi 6 millones que había pasado a ese estatus entre 2006 y 2008.

Datos del oficial Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que en 2008 existían en el país 50,6 millones de personas en la pobreza, que al sumárseles los 4,5 millones de este año, alcanzan la cifra de 55,1 millones, o sea, el 51,3 % del total de la población, estimada en 107,4 millones de habitantes.

Coneval, que se encarga de analizar el estado de la pobreza, evaluó los años 2007 y 2008, marcados por un alza internacional en los precios de los alimentos y que en México afectó el consumo de bienes básicos a la población como maíz, granos y carnes que antes se producían en el país y ahora depende de las importaciones desde Estados Unidos.

Desde la firma del TLCAN, México se ha convertido en un apéndice del vecino del norte, que lo utiliza para obtener mano de obra barata, extraer su petróleo a precios preferentes, exportar los excesos de producciones norteamericanas y, a la par, contar con un gobierno afín a sus intereses.

Se calcula que alrededor del 80 % de las importaciones mexicanas provienen del Norte, mientras que el 60 % de sus exportaciones van hacia ese mercado, que las ha limitado por la grave crisis que padece.

Los acuerdos de libre comercio tripartitos abrieron las puertas a las compañías transnacionales y al capital privado, que han comprado a bajos precios empresas productoras, de servicios, minas y tierras agrícolas a cambio de una supuesta inversión y creación de empleos.

De forma inmediata, el desarrollo desigual entre las tres naciones se puso manifiesto y la dependencia económica de México respecto a Estados Unidos se amplió progresivamente en todas las ramas de la industria, la agricultura y los servicios.

Sin criticar al TLCAN, los pronósticos negativos del FMI para México se basan en que la debilidad de la recuperación económica en Estados Unidos limitará la creación de empleos en ese país y la demanda de productos de importación sea exigua, lo cual limitará aún más las exportaciones aztecas, además de una fuerte contracción en las remesas de los mexicanos que trabajan en la Unión Americana.

Seguidamente el FMI agrega una frase sobria: “Esto echa por la borda los pronósticos de recuperación, que implica un desproporcionado aumento de la pobreza”.

El TLCAN ha provocado la quiebra de los agricultores nacionales que no pueden competir con la entrada al mercado mexicano de mercancías norteamericanas mucho más baratas, debido a los grandes subsidios que esa nación otorga a sus productores.

Los campesinos abandonan sus terruños y junto a la familia van hacia las ciudades en busca de un idílico trabajo muy difícil de encontrar, pues datos pues datos de organizaciones no gubernamentales indican que en las urbes el 70 % de la Población Económicamente Activa (PEA) está desocupada o en empleos informales como vendedores ambulantes.

Antes del Tratado, los agricultores aztecas abastecían a la nación de arroz, frijol, leche y maíz, entre otros productos, pero en la actualidad esas mercancías, que entran procedentes de Estados Unidos libres de aranceles, han copado en más de un 80 % el mercado nacional.

Recientemente el ex candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Andrés Manuel López Obrador, denunció que «se han privatizado más de mil empresas públicas importantes, entre ellas Teléfonos de México, ferrocarriles nacionales, los puertos, los aeropuertos, las minas, los bancos, están entregando la industria eléctrica nacional y ahora lo que más ambicionan es quedarse con la renta petrolera”.

Pese a que la Constitución mexicana establece que “tratándose del petróleo … o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, y la Nación llevará a cabo la explotación y distribución de esos productos», la investigadora Nancy Flores, en un estudio titulado “Contratos al margen de la ley de PEMEX”, señala que más de 3 000 contratos benefician a 23 transnacionales mayormente norteamericanas.

Las ganancias por las actividades petroleras, el recurso más rico e importante de la economía mexicana, también viajan hacia Estados Unidos.

El FMI, organismo que impulsó, junto al Banco Mundial, las medidas neoliberales y de privatizaciones en las naciones en desarrollo, no tuvo más remedio que reconocer en su informe que debido a la dependencia de la nación azteca con Estados Unidos, “el desplome de la economía mexicana será la más grave que registren los países latinoamericanos”.