Prensa Latina


Montevideo, 24 oct (PL) Los uruguayos repasan hoy sin publicidad política y actos partidarios una importante decisión para los próximos años: elegir mañana 25 de octubre al trigésimo cuarto presidente constitucional de la nación.

Si bien todas las casas encuestadoras coinciden que será necesario un balotaje o segunda vuelta el 29 de noviembre, también una mayoría de la sociedad apunta al triunfo final del candidato por el Frente Amplio (FA), José Mujica.

De acuerdo con los sondeos, Mujica tiene una intención de voto del 46 por ciento, en tanto a su más cercano oponente, Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, las estadísticas otorgan un 30 por ciento de preferencia.

La Carta Magna de Uruguay establece que para alcanzar el triunfo en los comicios presidenciales en primera vuelta, un candidato tiene que alcanzar mayoría simple y de no producirse irán a un balotaje los dos más votados.

Desde las 00.00 horas (local) del viernes rige la veda electoral en la nación suramericana que prohibe la difusión de contenidos proselitistas y suspende las actividades públicas.

Tanto Mujica como Lacalle se despidieron de la campaña en internet y en sus respectivos sitios webs difundieron mensajes conciliadores en los que llamaron a la reflexión.

Para Raúl Zibechi, periodista uruguayo, docente e investigador, el más que probable triunfo del representante del FA sería, de algún modo, la victoria de una manera plebeya de hacer política.

El «Pepe», como se conoce al ex Tupamaro, destacó en acto: «estamos a pocas horas de demostrar que el Frente Amplio es la fuerza política y central de este país y lo es por derecho justo porque tiene el máximo apoyo de las masas».

Avala esta afirmación una política del FA desarrollada desde el 2005 por Tabaré Vázquez que, aún cuando no ha resuelto todos los problemas acumulados en el país, presenta innegables progresos sociales.

Sobre Lacalle pesa un gran lastre ya que cuando gobernó Uruguay entre 1990 y 1995, su administración estuvo marcada por el neoliberalismo.

La Ley de Empresas Públicas, derogada por un referendo en 1992, fue una de las principales iniciativas consistente en sacar de la órbita del Estado a las entidades públicas.

Durante el mandato de Lacalle se transfirió el Banco Comercial a cuatro instituciones del exterior y se procedió a la venta del Banco Pan de Azúcar.

La transacción alcanzó un monto de cinco millones de dólares pese a que el patrimonio ascendía, según fuentes del ramo, entre nueve y 26 millones de la divisa estadounidense.

Continuidad o vuelta atrás. He ahí el dilema.