Mientras para los estadounidenses no era un asunto negociable, los representantes colombianos, que tenían instrucciones de buscar algún tipo de concesión en un tema tan sensible, no se dieron por vencidos y plantearon una fórmula intermedia: que los delitos cometidos por personal estadounidense en desarrollo de sus funciones en Colombia fueran instruidos en el país por funcionarios judiciales de Estados Unidos destacados en la Embajada, reveló la revista colombiana Cambio.
La iniciativa cobró sentido días más tarde, cuando el Gobierno, con apoyo de la Fiscalía, consultó a las autoridades judiciales de los Estados Unidos sobre el estado de procesos seguidos a militares acusados hace tres años de haber violado a una menor cerca de la base aérea de Melgar. La sorpresa fue grande cuando, luego de un prolongado silencio, el Gobierno de Estados Unidos pidió ayuda a la Justicia colombiana para acopiar pruebas sobre el caso que no estaba en investigación.
Por su parte, el Consejo de Estado de Colombia, ente encargado de aprobar el acuerdo, emitió un pronunciamiento, en privado, sobre el acuerdo.