«Nuevamente solicitamos al gobierno de Brasil que defina el estatus del señor Zelaya, dentro de un plazo no mayor de diez días. De no ser así nos veremos obligados a tomar medidas adicionales», indicó anoche el Ministerio de Exteriores del Gobierno de facto en un comunicado leído por radio y televisión a todo el país.
Además, pide a Brasil que «inmediatamente tome medidas para asegurar que el señor Zelaya deje de utilizar la protección que le ofrece la misión diplomática de Brasil para instigar a la violencia en Honduras», aunque no especifica en que consistirán las «medidas adicionales».
El Gobierno de facto también reacciona a la decisión, el pasado día 23, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea de hacer volver a sus embajadores a Honduras con el objetivo de apoyar «sobre el terreno» una mesa de diálogo.
«Salvo -continúa el comunicado- que sus respectivos Gobiernos procedan a negociar con la cancillería de la república el restablecimiento de las mismas».
Señala, además, que «en el caso de los que optaron por mantener las relaciones a nivel de misiones concurrentes, deberá solicitarse la acreditación de los nuevos jefes de misión, en vista de que el beneplácito expedido a sus anteriores jefes de misión ha sido retirado».
Por otra parte, dispone la restricción de los privilegios propios de los agentes diplomáticos y «la retirada con urgencia de los locales que ocupaban las embajadas los distintivos y banderas que identificaban sus estados».
No obstante, la Cancillería del Gobierno golpista «expresa su satisfacción» por la decisión de hacer regresar a los embajadores acreditados en Honduras, «por cuanto la medida representa un reconocimiento expreso al Gobierno del presidente «constitucional» Roberto Micheletti»