La historia que les está llegando acerca del golpe a la mayoría de los lectores estadounidenses es que Zelaya –un aliado del Presidente venezolano, Hugo Chavez- fue depuesto porque trató de cambiar la constitución para así poder mantenerse en el poder.
La historia representa una distorsión masiva de los hechos. Todo lo que Zelaya estaba intentando hacer era preparar un referéndum no vinculante que llamara a celebrar una convención constitucional, una medida por la que llevaban mucho tiempo abogando sindicatos, grupos indígenas y organizaciones de activistas sociales. La actual constitución fue elaborada por el ejército hondureño en 1982 y el límite de un solo mandato permite que los oficiales militares de alto rango dominen la política del país. Ya que la convención iba a celebrarse en noviembre, el mismo mes de las próximas elecciones presidenciales, no había ninguna posibilidad de que Zelaya hubiera podido permanecer en su puesto. Lo más que podría haber hecho era presentarse una vez transcurridos cuatro años.
Y aunque Zelaya, en efecto, se muestra amistoso con Chavez, es como mucho un reformador liberal cuyo mayor logro ha sido elevar los salarios mínimos. “Lo que Zelaya ha hecho han sido pequeñas reformas”, declaró Rafael Alegría, un dirigente de Vía Campesina, al diario mejicano La Jornada. “No es ni un socialista ni un revolucionario, pero esas reformas, que hicieron mucho daño a la oligarquía, fueron lo suficiente para que le atacaran con toda furia”.
Una de esas “pequeñas reformas” tenía como objetivo asegurar el control público de la industria de las telecomunicaciones hondureñas, y bien pudo haber sido el detonante que provocó el golpe.
El primer indicio de que había algo en marcha fue un pleito entablado por el abogado venezolano Robert Carmona-Borjas afirmando que Zelaya formaba parte de una red de sobornos en la que estaba implicada la compañía de telecomunicaciones estatal Hondutel.
Carmona-Borjas tiene antecedentes penales que datan del golpe de abril de 2002 contra Chavez. Fue él quien redactó los infames “decretos Carmona”, una serie de leyes draconianas que perseguían suspender la constitución venezolana y suprimir cualquier resistencia al golpe. Como los seguidores de Chavez se lanzaron a las calles y el complot quedó al descubierto, tuvo que escapar a Washington D.C.
Allí encontró un puesto en la Universidad George Washington y se llevó a los conspiradores del Irán-Contra Otto Reich y Elliott Abrams para que dieran clase sobre “Administración Política en América Latina”. También se convirtió en vicepresidente de la derechista Fundación Arcadia, que presiona a favor de políticas de libre mercado.
Semanas antes del golpe hondureño del 28 de junio, Carmona-Borjas estuvo por todo el país haciendo campaña acusando a Zelaya de colaborar con los narcotraficantes.
Reich, un cubano-estadounidense vinculado a grupos derechistas por toda América Latina y ex vicesecretario de estado para asuntos del hemisferio con George W. Bush, ha sido acusado por la Organización Fraternal Negra Hondureña de “implicación incontestable” en el golpe.
Eso no es sorprendente en absoluto. Los antecedentes de Reich hacen que Carmona-Borjas parezca un boy scout.
Una investigación del Congreso de 1987 le pilló utilizando fondos públicos para dedicarlos a propaganda durante la guerra de la administración Reagan contra Nicaragua. También es un feroz abogado de Orlando Bosh y Luis Posada Carriles, ambos implicados en la bomba colocada en 1973 en un avión cubano que acabó con las vidas de los 73 pasajeros que iban a bordo.
Reich es un crítico feroz de Zelaya y, en un reciente artículo en el Weekly Standard, urgió a la Administración Obama a no apoyar al “hombre fuerte” Zelaya porque “eso colocaría de forma clara a EEUU en el mismo campo que los hermanos del Castro de Cuba, del Chavez de Venezuela y de otros delincuentes regionales”.
La vuelta de Zelaya ha sido unánimemente apoyada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
Una de las acusaciones que Reich lanza contra Zelaya es que supone que el presidente hondureño está implicado en sobornos pagados por la compañía estatal de telecomunicaciones Hondutel. Zelaya está amenazando con presentar un pleito por difamación ante esa acusación.
Las acusaciones de Reich contra Hondutel apenas se mantienen en pie.
El cubano-estadounidense, ex miembro del lobby AT&T, está muy próximo al Senador de Arizona John McCain, del que fue asesor para Latinoamérica durante la carrera del Senador para la presidencia. A John McCain se le llama Míster Telecomunicaciones.
El Senador tiene profundos lazos con gigantes de las telecomunicaciones como AT&T, MCI y Qualcomm y, según Nicolas Kozloff, autor de “Hugo Chavez: Oil, Politics and the Challenge of the U.S.”, “ha actuado para proteger y desarrollar los intereses políticos de las telecos en Capitol Hill”.
AT&T es el segundo mayor donante de MacCain, y la compañía financia también generosamente al Instituto Republicano Internacional de McCain (IRI, por sus siglas en inglés), que ha emprendido una guerra contra los regímenes de Latinoamérica que se han resistido a la privatización de las telecomunicaciones. Según Kozloff, “el Presidente Zelaya era conocido por ser un feroz crítico de la privatización de las telecomunicaciones”.
Cuando los dirigentes del golpe en Venezuela fueron a Washington un mes antes de su fallido esfuerzo de derrocar a Chavez, fue IRI quien pagó la cuenta. Reich, por entonces enviado especial de la Secretaria de Estado Condoleezza Rice al hemisferio occidental, se reunió con algunos de esos dirigentes.
En 2004, Reich fundó su propia agencia para desempeñar tareas de lobby y se metió de lleno en negocios de pistolas, ron, tabaco y ropa deportiva. Entre sus clientes figuraban Lockheed Martin (el mayor negociante del mundo de armas), British American Tobacco y Bacardi. También es vicepresidente de Worldside Responsable Apparel Productions, un frente industrial de ropa que persigue desbaratar el movimiento en contra de la confección de ropa en fábricas que funcionan con un régimen de mano de obra esclavista.
Los republicanos del Congreso han acusado a la Administración Obama de ser “suaves” con Zelaya y han protestado por el apoyo de la Casa Blanca al presidente hondureño votando en contra de los candidatos propuestos para los cargos de embajador en Brasil y vicesecretario de estado.
Pero la intromisión en Honduras es una tarea bipartidista.
“Si quieres entender quién es el poder real que hay tras el golpe [hondureño], tendrás que averiguar quien está pagando a Lanny Davis”, dice Robert White, ex embajador estadounidense ante El Salvador y actual presidente del Centro para la Política Internacional.
Davis, más conocido como el abogado que representó a Bill Clinton durante su impeachment, ha estado presionando a los miembros del Congreso y testificando en apoyo del golpe ante el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso.
Según Roberto Lovato, editor asociado de New American Media, Davis representa el capítulo hondureño de CEAL, el Consejo Empresarial para América Latina, que apoyó firmemente el golpe. Davis le dijo a Lovato: “Estoy orgulloso de representar a empresarios que están comprometidos con el estado de derecho”.
Pero White dice que el golpe tenía mucho más que ver con los beneficios que con el derecho.
“Los golpes tienen lugar porque gente muy rica quiere que se produzcan y ayudan con todos sus medios a ese objetivo, gentes que solían considerar el país como una máquina de hacer dinero y de repente se encuentran con una serie de leyes sociales a favor de los pobres que representan una amenaza para sus intereses”, dice White. “El salario medio de un trabajador en las zonas de libre comercio es de 0,77 $ [0,49 €] la hora”.
Según el Banco Mundial, el 66% de los hondureños vive por debajo del límite de la pobreza.
EEUU está también implicado en el golpe a través de toda una red de agencias que canalizan los fondos y entrenan a los grupos contrarios al gobierno. El Fondo Nacional por la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) contribuyen a financiar las organizaciones de extrema derecha que apoyaron el golpe, incluyendo el Movimiento por la Paz y la Democracia y la Unión Democrática Civil. Muchos de los oficiales que sacaron a Zelaya a San José estaban entrenados por el Instituto Hemisférico Occidental para la Cooperación de Seguridad, la antigua “Escuela para las Américas” que ha visto pasar por sus puertas a torturadores y golpistas de todos los países de América Latina. Reich trabajó para la junta del Instituto.
La Administración Obama condenó el golpe, pero cuando Zelaya viajó a la frontera entre Honduras y Nicargagua, la Secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton le denunció por su acción “provocativa”. Fue una declaración sorprendente teniendo en cuenta que el Departamento de Estado no dijo en cambio nada sobre un informe del Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras acusando de 1.100 violaciones de los derechos humanos al régimen golpista, incluyendo detenciones, palizas y asesinatos.
Las violaciones de los derechos humanos del gobierno golpista han sido condenadas por la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, la International Observer Mission, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Comité de Protesta de los Periodistas y Reporteros Sin Fronteras.
Davis afirma que el golpe fue una maniobra “legal” para preservar la democracia. Pero ese es un argumento difícil de tragar teniendo en cuenta algunas de las personalidades que estaban tras él. Uno de ellos es Fernando Joya, un ex miembro del Batallón 316, un escuadrón de la muerte paramilitar. Joya escapó del país tras ser acusado de secuestrar y torturar a varios estudiantes en la década de los ochenta del siglo pasado, pero ha vuelto a aparecer ahora como “asesor especial de seguridad” de los golpistas. Recientemente, dio una entrevista por televisión en la que comparó favorablemente el golpe chileno de 1970 en relación con el golpe hondureño del 28 de junio.
Según Greg Grandin, profesor de historia en la Universidad de Nueva York, entre los golpistas tamibén figuraba una organización católica de extrema derecha, el Opus Dei, cuyas raíces datan del régimen fascista del caudillo español Francisco Franco.
En los viejos días, cuando EEUU derrocaba rutinariamente los gobiernos que no le gustaban, los Marines habrían entrado, como hicieron en Guatemala y en Nicaragua, o la CIA habría urdido un golpe a través de las elites locales. Nadie ha acusado a la inteligencia estadounidense de estar implicada en el golpe de Honduras y las tropas de EEUU en el país están manteniendo un perfil bajo. Pero las huellas de instituciones estadounidenses como NED, USAID y la Escuela para las Américas –más los lobbystas bipartidistas, corporaciones poderosas e inspirados guerreros de la Guerra Fría- están todos metidos en la toma del poder de junio.
Puede contactarse con Conn Hallinan en: ringoanne@sbcglobal.net
Enlace con texto original:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14741