Panorama Alternativo

La Embajada de los Estados Unidos anunció haber otorgado la suma de US$ 97.000 a la Asociación Civil Unidos por la Justicia para organizar dos talleres de capacitación dirigidos a jueces y fiscales federales y provinciales y miembros de las distintas fuerzas de seguridad, con la finalidad de fortalecer la capacidad local para investigar y enjuiciar por delitos de trata de personas.

De acuerdo a lo anunciado los participantes, asimismo, trabajarán en la elaboración de un manual que los jueces, fiscales y fuerzas de seguridad podrán utilizar para conducir sus investigaciones en el complejo entramado de los delitos de trata.

En junio de este año, el Departamento de Estado otorgó US$67.000 a la Fundación María de los Angeles con el propósito de “crear y capacitar unidades policiales especializadas para investigar estos delitos” en provincias que fueran identificadas como de alto riesgo.

Asimismo, el Departamento de Estado otorgó US$ 280.000 a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con la finalidad de fortalecer la capacidad de lucha de las redes contra la trata de personas en la triple frontera compartida por la Argentina, Brasil y Paraguay de manera de poder asistir a las víctimas.

Otras temáticas han sido utilizadas también por la Embajada para realizar actividades en territorios cercanos a la Triple Frontera, como el combate a la piratería, el terrorismo y el tráfico de armas.

 

La Asociación Civil “Unidos por la Justicia” es una organización no gubernamental “sin fines de lucro” que se dedica al fortalecimiento del sistema judicial y la democracia en Argentina buscando una mejora en el acceso a la justicia y la promoción del estado de derecho. Estos supuestos fines, son en realidad fachadas de organizaciones que capacitan en técnicas de desestabilización social y técnicas de agitación mediática como las realizadas en países como Bolivia, Venezuela y Honduras.

En 2008 y con motivo de los sucesos relacionados con aumentos de impuestos a las exportaciones agro-ganaderas se generaron situaciones de zozobra institucional y social en el país sureño. La inyección de fondos desde la representación norteamericana presagia nuevos movimientos destituyentes hacia el gobierno de la presidenta Kirchner.