Al inicio de la sesión, el canciller argentino, Jorge Taiana, que preside la Asamblea General de la OEA, reiteró la condena al golpe de Estado contra Zelaya y sugirió que incluso se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana contra el gobierno de facto que se ha instalado en Honduras, en caso de que no tengan éxitos las gestiones diplomáticas en ese país para restituir el orden democrático.
«Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos. «Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado», señala el texto.
Luego de un golpe de Estado contra Zelaya, que fue expulsado de su país por fuerzas insurrectas, se ha instalado en esa nación un gobierno de facto encabezado por el presidente del Congreso hondureño, Roberto Micheletti. La comunidad internacional, reunida en el Consejo Permanente de la OEA y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya ha expresado que reconoce sólo a Zelaya como jefe de Estado legítimo de Honduras.
CIDH solicita investigación de golpe
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este martes que solicitó visitar Honduras para verificar sobre el terreno la vigencia de los derechos humanos, a la luz de informes sobre presuntas detenciones arbitrarias, agresiones y amenazas, luego del golpe de Estado militar.
En un comunicado, la CIDH, adscrita a la OEA, dijo que ha recibido «información preocupante» de que varias personas han sido detenidas de forma arbitraria, de otras se desconoce su paradero y otras que han sido «agredidas o amenazadas» tras el golpe militar del domingo.
La CIDH dirigió su petición a los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, ante la imposibilidad de remitirla en este momento al depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, y a su canciller, Patricia Rodas. El organismo aseguró que entre los pasados días domingo y lunes otorgó medidas cautelares a favor de varias personas, entre ellas de la canciller del gobierno legítimo de Honduras, Patricia Rodas, que fue privada de su libertad y posteriormente expulsada a México por parte de las fuerzas golpistas.
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