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La rendición temporal del autonomismo cívico empresarial y el inicio de un nuevo proceso de diálogo no ha desmovilizado a campesinos, colonizadores, cocaleros y otros sectores sociales. El movimiento popular endurece el cerco a la ciudad de Santa Cruz y no da tregua a la ultra derecha golpista que volverá a conspirar y seguirá apaleando y asesinando indios a sangre fría después de la Expocruz.
Por enésima vez, el gobierno de Evo Morales y los prefectos del Consejo Nacional Democrático (Conalde) vuelven a la mesa de negociación entre hoy y mañana, pero una promesa de diálogo con resultados inciertos no contenta a los movimientos sociales cada vez más radicalizados.
Trabajadores, campesinos e indígenas vencieron en las urnas con mayoría absoluta y dos tercios de voto, pero la minoritaria y tres veces derrotada oposición derechista rompe las reglas del juego de su propia democracia e intenta tumbar a balazos al gobierno legítimo.
Si no respetan la democracia, si no devuelven al Estado las instituciones que asaltaron y saquearon y si no acatan el mandato de la mayoría de la población, la minoritaria oposición derechista será aplastada en las calles, advierten organizaciones sociales pro oficialistas y decenas de grupos de izquierda más radicales que comienzan a articular un frente común de lucha, conmovidos e impactados por la masacre campesina en Pando y la violenta revuelta terrateniente de las últimas semanas.
El movimiento popular boliviano enfrenta una ofensiva desesperada del gobierno de George W. Bush, que ataca a las regiones sudamericanas donde ha sufrido las peores derrotas para salir de la Presidencia por lo menos con una victoria de tipo político militar. Los halcones se juegan todo por el todo en Venezuela, Bolivia y Paraguay, y están dispuestos a tomar el poder con golpes violentos y masacres en alianza con los peores racistas y fascistas desde la época del nazismo, observa el investigador James Petras.
Almirantes en retiro, coroneles y generales activos planifican un magnicidio y la toma del poder en Venezuela. Ya tomaron presos a algunos conspiradores de la cúpula, pero falta limpiar las tropas activas de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y particularmente algunos sectores de la Fuerza Aérea.
Las denuncias de golpe del propio presidente Fernando Lugo indican que para Washington son intolerables no sólo los nacionalistas revolucionarios como Chávez, sino también los progresistas liberales moderados como Lugo y Evo, dice Petras.
En casi tres años, la Embajada norteamericana ha gastado más de 120 millones de dólares anuales para financiar a ONGs, cívicos y a otros grupos neofascistas opositores en Bolivia. El embajador Philip Goldberg, un experto en actividades clandestinas vinculado con grupos separatistas de ultraderecha, trabaja más como agente de inteligencia que como diplomático.
Petras cree que en Bolivia ya se desató una guerra civil con la participación activa del gobierno de Estados Unidos. Casi la mitad del país está en manos de grupos fascistas que operan con grupos extraparlamentarios violentos, y con el respaldo de una furiosa clase media acomodada.
Sin duda, este movimiento nazi con ideología racista tiene el poder en Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, a pesar de la oposición interna de campesinos y otros sectores, mientras que Evo Morales permanece encastrado en el Altiplano, impotente e incapaz de mantener el orden constitucional y la integridad del país.
El gobierno de Evo Morales tiene el respaldo determinante de la comunidad sudamericana; una sola declaración de UNASUR ha bastado para frustrar el golpe en Bolivia. Pero las declaraciones diplomáticas no son suficientes.
Sólo el presidente Hugo Chávez expulsó al embajador de EEUU y ofreció apoyo a la lucha armada de masas para que el gobierno de Morales «deje de tocar la guitarra de la conciliación y actúe como un verdadero gobierno a la altura de los pueblos para aplastar el levantamiento fascista», dice Petras.
Hace tres meses el propio Chávez decía que la lucha armada ya no era necesaria, pero ahora reconoce que solo el pueblo armado y los soldados constitucionalistas pueden hacer frente a la amenaza fascista. Una buena parte de los movimientos sociales de Bolivia coinciden en que sólo la movilización popular en legítima defensa es capaz de derrotar a quienes que pretenden imponer una dictadura racista.
La rebelión popular
Para nadie es un secreto que fabriles y otros sectores de la COB, hartos de la conciliación, piden armas para organizar milicias independientes del gobierno central. Hasta los campesinos e indígenas afines al MAS desobedecen a los líderes políticos y mantienen bloqueada la ciudad de Santa Cruz, la capital golpista.
El presidente de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) Fidel Surco anunció que se suspenderán todas las movilizaciones cuando todas las instituciones asaltadas y saqueadas sean devueltas al Estado. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Isaac Ávalos dijo que los campesinos de Santa Cruz no levantarán bloqueos mientras no se compruebe la devolución mediante notario público, especialmente en el caso del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Pero el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz Roberto Gutiérrez declaró a la agencia AFP que no devolverán al Estado el INRA y tampoco la Caja Petrolera de Santa Cruz.
Campesinos y colonizadores mantienen los bloqueos en Tiquipaya, Yapacaní y San Julián (norte), decididos a hacer fracasar la feria internacional ExpoCruz, que se realiza del 19 al 28 de septiembre en la capital cruceña.
La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) informó que cerca de cinco mil campesinos y colonizadores de los cuatro municipios de la provincia Ichilo iniciaron ayer en Yapacaní una marcha hacia la ciudad Santa Cruz exigiendo la renuncia del prefecto Rubén Costas, la devolución de las instituciones tomadas por los cívicos y el encarcelamiento del prefecto de Pando Leopoldo Fernández.
En Camiri, la Asamblea del Pueblo Guaraní corta la ruta a Santa Cruz de la Sierra y continúa avanzando hacia esa capital con el objetivo de cercarla, dijo el dirigente Celso Padilla. Se informó que alrededor de 1.000 campesinos de la provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba salieron en camiones hacia Santa Cruz para apoyar las movilizaciones.
Más de ocho mil cocaleros bloquean el puente sobre el río Ichilo en Bulo Bulo, a 290 kilómetros de Cochabamba. No cejarán hasta que se convoque al referéndum para aprobar la nueva Constitución. «No podemos olvidarnos de la masacre, del odio y el rencor (de los autonomistas), declaró el dirigente cocalero Julio Salazar. No se descarta que en las próximas horas miles de campesinos y cocaleros marchen hacia la ciudad de Santa Cruz.
La pro oficialista Conalcam y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaron este martes un pacto de unidad para defender la democracia, la unidad e integridad del país, en presencia del Presidente Evo Morales.
Ambas organizaciones respaldan y defienden el proceso de cambio liderado por Morales, y exigen la aprobación inmediata de la nueva Constitución Política del Estado para construir una patria con equidad, igualdad y justicia social.
El objetivo de la inédita alianza es defender la unidad de la patria en riesgo, la democracia que costó luto y sangre a los trabajadores y pueblo en general y enfrentar a los terroristas y fascistas que pretenden destruir la unidad de Bolivia y que atentan contra la institucionalidad y la vida de los bolivianos.
La Conalcam y la COB decidieron «tomar latifundios improductivos así como sus fuentes de producción, fábricas los cuales especulan con el hambre del pueblo».
El Frente Popular de Resistencia del combativo Plan 3000 exigió al Poder Ejecutivo la inmediata recuperación de las empresas y entidades públicas asaltadas por grupos de choque del movimiento cívico empresarial, y convocó a todo el pueblo boliviano a continuar «resistiendo la arremetida del fascismo».
La convocatoria tiene especial valor porque los habitantes de esta ciudadela, el 80% pobre y más de la mitad emigrantes o descendientes de gente del occidente, derrotaron a los grupos de choque del Comité Cívico e impidieron el robo descarado, las golpizas, el amedrentamiento y la persecución.
Los choques entre masistas y unionistas en el Plan 3000 y en Tiquipaya dejaron un saldo de varios heridos. Tal fue el papelón y la derrota que el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista David Sejas fue destituido y reemplazado por Ángelo Céspedes.
Los cívicos están alarmados por rebelión popular en el Plan 3000 contra la dictadura autonomista, para ellos un mal ejemplo que puede ser imitado por otros barrios. Les asusta el rumor que corre en el Plan acerca de la necesidad de expropiar fábricas, bancos y cooperativas para derrotar a los fascistas. (ASC – Noticias, 17 – Septiembre – 2008)
En legítima defensa
El 11 de septiembre masacraron al menos a 30 campesinos en el departamento de Pando. Ese mismo día asaltaron y saquearon en Santa Cruz las sedes de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y de la CIDOB. Dos días antes asaltaron las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
En Beni, los atentados contra sectores populares continúan y varios dirigentes campesinos y alcaldes del MAS se han declarado en la clandestinidad. Los grupos de choque dieron plazo para que abandonen Riberalta todos los sectores opuestos al Prefecto Ernesto Suárez, entre ellos ONGs como el CEJIS, CIPCA e IPHAE.
El dirigente pandino Christian Domínguez alertó que el conflicto pandino se trasladará activamente al municipio de Riberalta en la provincia Vaca Diez. «Existen grupos irregulares armados bajo el nombre de ‘Unión Juvenil’ de Riberalta que están persiguiendo a dirigentes y comunarios de Pando, alcaldes y concejales»
En Santa Cruz atentaron contra las casas de los Ministros de Desarrollo Rural e Hidrocarburos y contra la vivienda del dirigente Lucio Vedia, mientras que en la localidad de Puerto Rico unionistas armados dispararon contra la población.
El 12 de septiembre, la Organización Indígena Chiquitana conminó al gobierno de Evo Morales a cumplir con la Constitución y las leyes de la República, tratados y convenios Internacionales de protección a los derechos de los pueblos Indígenas, aplicando de manera inmediata medidas Constitucionales de conservación y preservación del orden público y, por ende, la protección inmediata de Territorios y Recursos Naturales ante las amenazas de grupos delincuenciales que obedecen las instrucciones de Rubén Costas y Branco Marincovick.
Dos años de sabotaje político y económico radicalizado en el último mes obligan al pueblo a enfrentar a los grupos terratenientes minoritarios. «Desde hoy el verdadero observador de cualquier diálogo es el pueblo. Seremos llamados al voto dirimidor sobre el verdadero tema de la contienda: la tenencia de tierra. Reducir a 5000 ó 10000 hectáreas la superficie máxima consentida al latifundio es asestarle un duro golpe a la estructura agrario – financiera del capitalismo boliviano y a la oposición sentada en el oriente, con la consigna ‘más tierra para repartir, menos poder a la oligarquía'», dice un manifiesto de organizaciones populares de Santa Cruz difundido el 13 de septiembre.
En criterio de este colectivo cruceño, los cívicos llaman a la desobediencia civil en defensa de la actual estructura de tenencia y explotación de la tierra. La nueva CPE afecta intereses muy fuertes de ganaderos, barones de la soya y de sus amos y socios imperialistas. «Por todo esto la resistencia de estos es con toda evidencia violenta, defenderán con todos los medios su visión patrimonial sobre la tierra y en consecuencia del Estado».
La carta de las Naciones Unidas y códigos y leyes del país reconocen el derecho a la legítima defensa cuando son violados los derechos elementales y ante el ataque o abuso, afirman la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Asociación de Juntas Vecinales de la Ciudad Santa Cruz, Asociaciones Gremiales de los mercados Abasto, La Ramada y Mutualista de la Ciudad de Santa Cruz, Mercado del Plan 3000, organizaciones Marcelo Quiroga Santa Cruz, Andrés Ibáñez (Los Igualitarios), Cañoto, Ignacio Warnes, Avanzada Che Guevara y Antonio José de Sucre; Comité Cívico Popular del Departamento de Santa Cruz, Unión Juvenil Popular del Departamento de Santa Cruz; Movimiento Universitario Social (MUS) de la Universidad Gabriel René Moreno y trabajadores Sociales del Departamento.
«La policía como organismo encargado de mantener el orden y sobre todo resguardar la vida de los ciudadanos ha sido rebasada y los palos y vejámenes siguen llegando. ¿Hasta cuando? No lo sabemos. Estamos viviendo un ultraje a la dignidad humana del cual como bolivianos tenemos que avergonzarnos».
«No es suficiente denunciar los hechos en son de lamento cómplice; esto tiene que tener su límite, el pueblo ya no lo soporta más, ¡Al pueblo sólo le queda responder con la ira popular en aras de su legítima defensa! Lo decimos una vez más, no todo se arregla con los votos, pues estos no alcanzan para conseguir la paz».
Las organizaciones cruceñas convocan a la clase obrera, campesinos, gremiales, juntas vecinales y a la población organizada en general «Declarar Movilización Nacional en defensa de la unidad Boliviana y de nuestros hermanos bolivianos que sufren agresiones y masacres en el oriente boliviano por parte de los Comités Cívicos y Prefectos».