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(FOTO: Archivo) Alvaro Colom. La investigación comienza a dar sus frutos al comprobar que todo fue parte de un plan desestabilizador de la derecha guatemalteca.
Aparecieron pruebas que desvinculan al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg; éstas implican al principal partido de oposición y fueron entregadas a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por un testigo.

Rosenberg fue asesinado el pasado 10 de mayo en un pudiente sector sur de la capital guatemalteca. Al día siguiente salió a luz pública un video donde el abogado responsabilizaba al presidente guatemalteco, a la esposa de éste y al secretario privado de la presidencia de su muerte.

Por su parte, Colom ha defendido en reiteradas oportunidades su inocencia, negando enfáticamente la veracidad del video, además de recalcar que tiene su conciencia totalmente limpia.

Este viernes, un testigo identificado como Juan Pérez León, ha desvinculado del crimen al mandatario guatemalteco al sostener que los autores intelectuales del asesinato del abogado fueron miembros del Partido Patriota (PP), el principal de la oposición en Guatemala.

Pérez León, señaló directamente al congresista del PP por Quetzaltenango, Armando Paniagua Rodríguez de contactarlo para realizar el pago a la banda de sicarios llamada Los Pitágoras.

De igual manera el testigo indicó a los medios de prensa del país que Paniagua le había ofrecido dinero y un automóvil para que se retractara de sus declaraciones.

«Me envió un mensaje de texto donde me dijo que ya estaba arreglado lo de mis cuatro llantas (un vehículo) y Q200 mil (24.702,03 dólares) serían depositados a mi cuenta bancaria».

En otro momento de su declaración, Pérez sostuvo que «el (Partido) Patriota me ofreció dinero, me ofreció carro, yo no soy un niño para recibir un carro. Piensan que con eso me voy a quedar callado, que no voy a seguir, sólo muerto voy a dejar de hacer lo que hago».

Según los medios locales, el testigo indicó que en una fecha sin especificar mantuvo una entrevista con el diputado en un restaurante de Quetzaltenango, donde le ofreció la paga y que el secretario general del PP, Otto Pérez Molina, le comunicó por teléfono que a Paniagua podía pedirle lo que quisiera.

Como prueba, Pérez León entregó a la CICIG en una provincia del departamento noroccidental de San Marcos, fronterizo con México, el teléfono móvil en el que supuestamente recibió los mensajes de texto que implican a Paniagua, en el crimen de Rosenberg.

De igual manera, Pérez señaló que proporcionó a la CICIG, detalles de los presuntos asesinos, entre ellos Juan Ordóñez, que según indicó fue quien dio muerte a Rosenberg; así como de los vehículos y residencias utilizadas esos días.

El pasado 26 de mayo, coincidencialmente, el líder del PP, el general Otto Pérez Molina, denunció la existencia de un complot para asesinarlo a él y a la diputada Roxana Baldetti, y aseguró que por ese plan había sido detenido un ciudadano de nombre Juan Ordónez.

Por su parte, el nuevo implicado en el crimen del Abogado, el diputado Armando Paniagua indicó a los medios de su país que no ha escuchado las declaraciones y que se pronunciará hasta que las analicen y que no sabe de quién se trata.

«No sé quién es esa persona. No puedo darle ninguna reacción hasta que no escuche la grabación», sentenció el parlamentario, al tiempo de asegurar que lo único de lo que él tiene conocimiento es de la persona que está protegida por la ley.

Mientras tanto, el portavoz de Colom, Fernando Barillas, confirmó a periodistas locales que la Presidencia prestó un helicóptero para que los miembros de la CICIG se movilizaran hasta San Marcos y recibieron las pruebas de Pérez León, que constaron de unos documentos, un disco compacto y su teléfono celular.

El asesinato de Rosenberg, que se atribuye a una conspiración para desestabilizar a su Gobierno, ha provocado una crisis en Guatemala que el mandatario espera que sea superada a la brevedad.

«Esta crisis va a pasar, tengo la certeza porque mi corazón está limpio», reiteraba el mandatario guatemalteco a finales de mayo pasado al señalar que espera que la ley caiga «implacablemente» contra los responsables.