«He estado escuchando a algún ministro de la hermana república del Perú que me dice que pida perdón. Cuando se trata de defender la vida, no hay nada por qué pedir perdón», declaró el presidente, durante un acto realizado en el norte de La Paz.
La exigencia de la cancillería boliviana radica en las declaraciones del relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien al concluir su visita de tres días por Perú, específicamente por las zonas cercanas a la masacre indígena, dijo que no había encontrado evidencias de un genocidio, aunque sí de violaciones a los derechos humanos.
«Hay revelaciones de violaciones de derechos humanos», dijo Anaya.
En otra parte de su discurso, Morales negó que su país sea enemigo de Perú.»No somos enemigos de Perú», enfatizó el presidente andino.
El Ejecutivo peruano aprobó una serie de decretos sobre la tierra y el medio ambiente que los indígenas consideraron lesivos para sus derechos, y que fueron aprobados para el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos a la legislación peruana.
Estos decretos regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y maderero, estos reglamentos han sido tajantemente rechazados por más de 65 etnias indígenas de Perú.
Según los indígenas, con dicha legislación se contraviene su derecho a la consulta, contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que suscribió Perú, además, alegan que con la implementación de dichas normas se violenta su derecho a la vida.
Por esta razón, los nativos iniciaron el pasado 9 de abril una protesta con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos.
La protesta de los indígena peruanos llegó al punto de mayor tensión el pasado 5 de junio cuando las autoridades peruanas reprimieron a los nativos en Bagua, en la zona conocida como la Curva del Diablo.
Después de mantenerse firme contra las demandas de los indígenas, el pasado lunes el Ejecutivo peruano dio marcha atrás y aceptó pedir al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1964. El llamado del gobierno fue atendido el jueves por el Parlamento que derogó estos decretos.