Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)


El gobierno de Estados Unidos (EEUU) canceló este miércoles de manera definitiva un paquete de ayuda de 64 millones de dólares para Nicaragua, al considerar que el gobierno de Daniel Ortega “no mostró avances en el compromiso con principios democráticos”.

La decisión fue adoptada por la organización gubernamental estadounidense Corporación Reto del Milenio (CRM), durante una reunión de su junta directiva, presidida por la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, informó la agencia de noticias Télam.

‘Mantenemos nuestro compromiso de los principios básicos de la CRM de trabajar con aquellos países cuyos gobiernos demuestran activamente un compromiso con la democracia y el imperio de la ley, así como con la libertad económica y la inversión social’, argumentó el director ejecutivo en funciones del organismo, Rodney Bent.

Agregó:’En vista de la falta de reformas significativas o de avances en esas áreas por parte del gobierno de Nicaragua, la junta ha decidido poner fin a esos proyectos’.

Los fondos eran parte de un programa valorado en 175 millones de dólares y destinado a proyectos de desarrollo agrícola, rehabilitación de carreteras y creación de pequeñas empresas en el occidente de Nicaragua que beneficiarían a miles de personas.

Según la CRM, el organismo mantendrá su asistencia a un proyecto de desarrollo de negocios rurales para empresas pequeñas y medianas y también completará tres carreteras que ya están en construcción.

Estados Unidos adelanta desde hace algunos meses sanciones en materia económica contra los procesos revolucionarios y gobiernos progresistas que se levantan en el continente latinoamericano.

El 15 de diciembre de 2008 el Gobierno estadounidense suspendió la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (Atpdea) para Bolivia, por lo que todas las exportaciones de textiles bolivianos hacia el norteño país deben pagar aranceles para ingresar a ese mercado.

El jefe de Estado boliviano, Evo Morales, calificó la decisión como una “venganza política de la Casa Blanca”, a raíz de la expulsión del embajador Philip Goldberg y la suspensión de las operaciones de la Oficina Antidrogas (DEA) el pasado año, acusados de conspirar contra el actual proceso de cambio.