Fabián Pena
El capitalismo corporativo global ha lanzado a lo largo de los 10 años de Revolución Bolivariana permanentes ataques sobre el gobierno de Venezuela intentando presentar una matriz de opinión que lo muestre ante el mundo como violador de todo tipo de leyes y normativas: derechos humanos, libertad de comercio, libertades políticas, libertad de prensa, propiedad privada, libertad de culto y otra variedad de temas que se activan una y otra vez desde los centros de terrorismo psicológico mundial intentando desgastar y golpear al gobierno del presidente Chávez.

En la criminalización sobre decisiones soberanas tendientes a modificar algunos aspectos de la base doctrinaria de la “propiedad intelectual” se ha impulsado desde sectores de poder concentrado (oligarquías nacionales y extranjeras) en una masiva andanada mediática, creando en la población una falsa percepción de este sofisticado mecanismo de apropiación de ganancias utilizado intensamente por los grandes conglomerados transnacionales, confiscatorio de los derechos de los verdaderos y originales creadores y autores de las innovaciones tecnológicas.

La doctrina capitalista-neoliberal en materia de propiedad intelectual impuesta desde los países centrales ha creado e instalado en el imaginario social que el sistema de protección por patentes impulsa el progreso de la humanidad a través del avance de la ciencia y la tecnología: un contrato social establecido entre el Estado y el “inventor” aseguraría un sistema equilibrado que permita el desarrollo de un modelo sustentable de coexistencia entre el interés público y el privado. Sin embargo este contrato se realiza solo en el plano teórico pues sucede que el 85% de las patentes solicitadas a escala mundial corresponden a voraces transnacionales de EE. UU, Europa y Japón.

Este principio de la propiedad intelectual ha hegemonizado doctrinariamente por más de 200 años el universo de la creación de ciencia y tecnología contaminándolo como discurso único en universidades, centros de investigación, empresas, bufetes de abogados, oficinas de propiedad intelectual, medios de comunicación, ONGs y gobiernos.

El concepto de la protección de la innovación y el conocimiento basado en las patentes de invención garantiza a los “inventores” una exclusividad de explotación por un período de tiempo en un determinado territorio, en general 20 años, y la exclusión de terceros sobre la explotación de la invención, creando así el monopolio por patentes.

En los países tecnológicamente dependientes e importadores de conocimiento y tecnología, el efecto generado por el actual sistema mundial de patentes es el de bloquear la creación nacional de productos y procesos a través de la saturación con solicitudes de patentes extranjeras que no divulguen suficientemente la invención pero si construyan un monopolio temporal, violando el principio en el que se basa el sistema y anulando el contrato social para crear la patente-mercancía.

La compra-venta de patentes genera el mercado del “know-how” mediante contratos de transferencia de tecnología bajo cláusulas restrictivas que llegan a impedir el desarrollo de países dependientes como en el caso Latinoamericano.

Así, la función asignada a la propiedad intelectual en el modo capitalista de producción es en realidad de protección monopólica al conocimiento incorporado como tecnología en el objetivo de aumentar la productividad que incremente las ganancias e impacte en el “mercado de trabajo” de manera positiva para el poseedor de los medios de producción. Al mismo tiempo contribuye a la exclusión laboral producida como consecuencia del desplazamiento de mano de obra calificada como un elemento más en la estructura de costos de producción.

La propiedad intelectual se convierte en un mecanismo de dominación y control oculto bajo una fachada de innovación y progreso no demostrables en la realidad fáctica. La restricción al acceso de conocimientos se torna especialmente peligrosa para las sociedades cuando se trata de producir medicamentos o insumos necesarios para la obtención de alimentos.

La confirmación de estas realidades ha sido realizada por un estudio encargado por la Unión Europea (UE), realizado por Nikolaus Thumm1, quien evalúa y analiza en el transcurso de su trabajo los efectos de la introducción del sistema neoliberal de propiedad intelectual en países que pertenecieron al denominado campo socialista. Para ello estudió mediante indicadores de patentes (tomados con ciertas restricciones) el comportamiento de la innovación en países seleccionados para ingresar a la UE (Hungría, Polonia y República Checa).

“La transición de la economía de planificación centralizada a la economía de mercado en los años 90 hizo que los países de Europa central y oriental fueran mercados más atractivos para los productos de las multinacionales occidentales. Este proceso vino acompañado por la necesidad de proteger la propiedad intelectual incorporada en algunas de las mercancías que se comercializaban. El resultado principal de ello ha sido el apoyo de los sistemas de derechos de propiedad intelectual y su armonización con las normas de Europa Occidental”.

El cambio de un modelo a otro generó:

* El aumento en solicitudes de patentes extranjeras, y
* El pasaje de un fuerte potencial innovador nacional a una situación de dependencia tecnológica extranjera, en estos países

Figura 1. Número de solicitudes de patentes presentadas en Hungría y República Checa. Fuente: análisis por Nikolaus Thumm, de los datos del Derwent World Patents Index.

Figura 2. Tasa de dependencia, República Checa, Hungría y Polonia. Fuente: oficinas nacionales (datos compilados por Nikolaus Thumm).

Se muestra aquí que el desarrollo de la tasa de dependencia de Hungría y de Polonia (proporción de solicitudes de patentes extranjeras respecto de las nacionales) aumentó en ambos países después de 1990. En Polonia esta tendencia es relativamente moderada en comparación con Hungría, pero todavía llegó a un nivel de 6 en el año 2000. En Hungría la tasa de dependencia alcanzó un nivel de 76 con una fuerte tendencia ascendente continuada en los últimos años”.

Con relación a los productos farmacéuticos el 56 % de las solicitudes de prioridad de patentes en Hungría y en la República Checa proceden de empresas de los Estados Unidos. Continúan en el ranking los países europeos más “innovadores” en productos farmacéuticos, como Alemania, Francia y Gran Bretaña

La actividad de patentes fue monopolizada cada vez más por multinacionales que buscaron protección bajo el nuevo marco legal incrementando sus ganancias por el aumento de sus precios de forma exagerada.

La criminalización y estigmatización de las políticas implementadas por el Ministerio de Comercio de Venezuela y el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) apuntan a socavar cualquier modificación en las relaciones de producción capitalista e impedir el avance hacia un nuevo modelo de producción socialista que contemple el acceso universal al conocimiento y a productos medicinales como bienes sociales al alcance del pueblo.